Omar Jaramillo, guarda almacén, controla la existencia de insumos médicos en las estanterías. Foto: Patricio Terán
Todo relato tiene al menos dos lados, como las dos caras de una moneda. La historia de la provisión de fármacos, para afiliados y jubilados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), también.
En una de esas caras aparecen dos bodegas, en donde se almacenan medicamentos, un porcentaje está caducado. En la otra cara se encuentran los pacientes oncológicos, trasplantados, con enfermedades raras, que demandan fármacos. Y que hasta han usado las redes sociales para ser oídos por autoridades.
En la zona sur oriente del Hospital Carlos Andrade Marín (HCAM), de Quito, el movimiento es intenso. Trabajadores -cubiertos con mascarillas quirúrgicas -se desplazan entre pilas y pilas de cajas.
En su interior guardan cientos de fármacos y dispositivos, que son distribuidos desde esas bodegas hasta las diferentes áreas, del centro que, por ejemplo, en el 2019 despachó dos millones de recetas.
En las bodegas, localizadas cerca de los tanques de gases medicalizados, lejos de consultorios, junto al parqueadero de descarga, hay muchas cajas.
Cada una lleva una etiqueta, en la cual se puede leer nombre, código, cantidad y fecha de vencimiento. En una de ellas se ve: lactato de ringer, una solución inyectable.
Ese lugar, valorado en decenas de millones de dólares, sería el lugar a donde pacientes como Karla Acosta quisieran llegar. Le gustaría -dice- revisar la medicina oncológica.
La mujer, de 35 años, lleva tres conviviendo con el cáncer de mama. No han sido fáciles. “No había medicinas, insumos ni máquinas para las quimio y radioterapias”, protesta.
Durante seis meses no accedió a una fórmula para su tratamiento hormonal. “Cada caja de 30 pastillas cuesta USD 160”. La semana anterior le entregaron la receta en la farmacia del HCAM. Está más tranquila, de lo contrario volvería a tener que costearla con su trabajo de asistente administrativa.
La historia de la falta de medicina en el IESS no es nueva. Desde julio del 2019, el entonces gerente del HCAM, Juan Páez, denunció que encontró fármacos caducados. Y en octubre del año anterior, Jorge Wated, expresidente del Consejo Directivo del IESS, habló de irregularidades.
“Una de las bodegas era más un basurero, en donde se botaban productos; se incumplía con las normas sanitarias”, comenta Julio López, director de Salud del Seguro Social.
En noviembre del 2021, este Diario pidió información y la posibilidad de visitar las bodegas. El jueves 18 de marzo del 2021 fue posible recorrerlas, en el Andrade Marín, luego de dos postergaciones en el mes.
López caminó entre filas de al menos ocho cajas de medicamentos y dispositivos apilados. El espacio tiene buena ventilación e iluminación.
A puerta cerrada y con un sistema de seguridad, basado en tarjetas magnéticas, se mantienen las bodegas, en donde laboran 24 personas, según Miguel Merchán, su jefe.
Más cuidados hay en las bodegas que guardan productos de uso delicado, como los psicotrópicos (sedantes o estupefacientes) o los oncológicos (cáncer). Y se fortaleció la seguridad en la zona de insumos costosos en donde se encuentra equipos de prótesis que cuestan más de USD 20 000.
El cuarto con medicinas caducadas es pequeño. La mayoría expiró entre 2018 y 2020. Según López, el rubro en expirados superó los USD 5 millones, en el país (ver gráfico); solo un millón se ha recuperado.
¿Cuán abastecidas están las farmacias del IESS?
Hay 65% de la medicina requerida, dijo López; espera llegar al 80% en la segunda semana de abril.
Eso responde a la adquisición de fórmulas, con un presupuesto de USD 250 millones. “Hay abastecimiento por medios locales, compra centralizada a la industria nacional y regional para 15 meses”.
Esas cifras no son suficientes para Damián Carbo. Su hija Mary, de 8 años, fue diagnosticada con mucopolisacaridosis (patología clasificada como rara). No ha recibido medicinas desde hace cuatro semanas.
“Ganamos un proceso judicial para su compra. Aún no llegan; pedimos ayuda”.
Vanessa Romero, de 43, y Rossana Hadathy, de 63, entienden a Damián. Ellas son trasplantadas renales que no obtienen lo necesario. Se quejan por frecuente desabastecimiento y cambio de la fórmula original a genérica. Por ello gastan más de USD 260, al mes, pero siguen aportando al IESS.