23 de June de 2009 00:00

El escándalo Correa golpea a la 35

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Redacción Política
politica@elcomercio.com

El escándalo por los contratos de cuatro entidades estatales con   empresas en las que tiene intereses económicos   Fabricio Correa, hermano del Primer Mandatario, causa malestar y fricciones al interior de Alianza País y en el bloque    que tiene el control de la Comisión Legislativa.

Los pedidos
El Ministerio de Transporte deberá entregar los contratos suscritos con las compañías Cosurca, Consorcio Amazónico y Magamas, así como la convocatoria, ofertas presentadas y preguntas realizadas por los oferentes y respuestas.
 Esa Secretaría  también debe entregar  el informe de calificación de las ofertas, acta de adjudicación del contrato, garantías, anticipos, valor del contrato y forma de pago.
El Ministerio  de Desarrollo  Urbano y Vivienda entregará lo suscrito por esta institución y la Compañía Consorcio Rellenos y Plataformas.
Los presidentes  ejecutivos de Petroecuador y Predesur, en representación de las compañías Quality Outsourcing y Cosurca, respectivamente.

La razón de los asambleístas y líderes que empujan el proyecto político  es que la denuncia a través de los medios de comunicación se vendió como una  práctica de la vieja forma de hacer política, lo que el presidente Rafael Correa llama “partidocracia”.

Desde la semana anterior, cuando se conoció que las empresas de Fabricio Correa firmaron contratos  con el Estado por más de USD 80 millones, las reuniones entre los asambleístas del oficialismo  fueron frecuentes.

La intención: dar una respuesta contundente a las denuncias antes de que  el proyecto político quede “mal parado”. Así reconoció una fuente de ese bloque parlamentario.
 
No obstante, las explicaciones que ofreció el hermano del Mandatario no fueron del gusto de un sector de asambleístas. “Se esperaba que Fabricio  salga a desmentir a la prensa, pero la sorpresa fue que dijo que no había imprecisiones”, comentó la misma fuente.

Sin embargo, entre los asambleístas  hay recelo para pronunciarse en el sentido de si hubo o no tráfico de influencias en la firma del contrato.

La jefa de bloque y presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Irina Cabezas, anunció la necesidad de iniciar una fiscalización de los contratos que firmaron las entidades públicas con las empresas en las que tiene intereses económicos el hermano del Primer Mandatario.

En ese contexto, el viernes, el presidente de la Comisión Legislativa, Fernando Cordero, solicitó a los ministros de Transporte y Obras Públicas, Xavier Casal; de Desarrollo Urbano y Vivienda, Walter Solís; al presidente ejecutivo de Petroecuador, contralmirante Fernando Zurita; y al Director Ejecutivo de Predesur, Julio César González, que envíen la documentación sobre los contratos en cuestión.
 
Los asambleístas que surgieron del movimiento Ruptura de los 25  y Alternativa Democrática (parte de Alianza País) son los más molestos por estas denuncias. Sin embargo, prefieren mantenerse en silencio hasta que las instituciones presenten la información requerida a través de la Presidencia de la Asamblea.

“No podemos adelantar criterios, es necesario primero conocer esa documentación”, dijo Virgilio Hernández. No obstante, reconoció que el caso pudiera afectar al Régimen, pero en ningún momento debilitar al proyecto político que se inició en el 2007.
Quien sí expresó su descontento fue Norman Wray, ex  miembro del ‘Congresillo’, quien renunció a esas funciones para postularse como candidato a la concejalía de Quito, en equipo con Augusto Barrera. “Este no es un proyecto familiar”, comentó en una entrevista con diario Expreso.
 
También sostuvo   que  “lo menos que podemos aspirar (los militantes de Alianza País) de los familiares del Presidente es que tengan la delicadeza suficiente de ver cómo se relacionan con el Gobierno nacional”.

El ex presidente de la Constituyente, Alberto Acosta, quien está alejado de Alianza País desde que le pidieron “que se haga a un lado” de la Presidencia del organismo constituyente, comentó que las denuncias hacen daño “no a Fabricio Correa..., sino al Gobierno y al Primer Mandatario”.
 
También habló de que en Alianza País “no hay un espacio para discutir o cuestionar decisiones que asuma el Presidente o el Gobierno, que es normal dentro de un partido político.
 
Y fue más allá.  Aseguró que “nadie es capaz de decir: señor Presidente, no estamos de acuerdo con las decisiones”.
En la noche de ayer se debía v reunir otra vez el bloque legislativo de la lista 35,  con la finalidad de diseñar las actividades de la semana. En la agenda también tenían previsto abordar el tema que es de preocupación para el Gobierno y todos los seguidores del proyecto político. Hasta el cierre de esta edición todavía no se conocían los resultados.

En la oposición hay pocas expectativas de lo que pudiera realizar el ‘Congresillo’ en este tema. “Vemos intentos por evitar que se conozca la verdad”, comentó Galo Lara, de Sociedad Patriótica, quien fracasó en su intento de llevar a juicio político al ex ministro Jorge Marún.

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