Redacción Sierra Centro
Odino Gallegos. Experto en agricultura
El Gobierno anuncia la entrega de 130 000 hectáreas a los campesinos. ¿Es viable cumplir con esta oferta?
Para analizar este tema hay que determinar que la tierra es solo un elemento para conseguir buenas cosechas y rentabilidad. El agricultor necesita asesoría, agua y sobre todo debe recibir información periódica del comportamiento de los precios. El Instituto de Meteorología e Hidrología (Inamhi) debe dar datos del nivel de lluvias por cantones. Esto es básico para planificar la siembra. Si no hay un plan integral, se cometerán los mismos errores que cuando se aplicó la Ley de Reforma Agraria. Esto fue en 1963.
¿Cómo fue ese proceso?
Yo lo viví de cerca porque en el gobierno del general Guillermo Rodríguez Lara se dispuso que yo sea director del Ministerio de Agricultura. En el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (Ierac) se realizaban los trámites para la entrega de los terrenos. En sí, el objetivo de esa ley era entregar tierras para liberar a la sociedad rural del patronato privado de las grandes propiedades. Nada más.
¿Por qué está aquí?
Odino Gallegos
Su experiencia. Tiene una maestría en Desarrollo e Inversión Rural. Fue director provincial de Chimborazo del Ministerio de Agricultura.
Su punto de vista. Considera que el agricultor debe recibir asistencia técnica.
¿Cuáles eran las expectativas de los indígenas y campesinos en esa época?
Tenían sentimientos encontrados. Sentían temor e ilusión. Temor porque estaban acostumbrados a que el dueño de la hacienda dirija y disponga cuándo iniciar la siembra, la cosecha… Pero a la vez estaban emocionados de tener un pedazo de tierra. En la Sierra centro se encontraban las haciendas más grandes. En el caso de Chimborazo, la propiedad más pequeña tenía 500 hectáreas. Las haciendas más conocidas fueron Llin Llin, Galte y Totorillas. La extensión de esta última era de 9 000 hectáreas. Estaba ubicada en Guamote. Allí se sembraban papas, cebada, maíz…
¿Qué pasó después?
La distribución de la tierra no se realizó de una forma técnica y más bien se dio sin un estudio previo e incluso considero que esa Ley fue una copia de las leyes que se aplicaron en Perú o México. No se ajustaba a la realidad del país. No hubo seguimiento. Al campesino lo abandonaron. Lo dejaron solo. Se creía que entregar la tierra era la solución para que mejore su calidad de vida. Pero no resultó.
En el caso de Chimborazo, ¿qué pasó con la gente que recibió las tierras de las grandes haciendas?
El primer año cosecharon sin novedad. Pero luego de dos años los indígenas enseñaban la tierra seca. Lo que pasó fue terrible. El Estado no les entregó créditos, capacitación, nada. Insisto, el agricultor hasta el momento no recibe información del comportamiento de los precios. Esto es básico para evitar lo que ha ocurrido en los últimos años. La reforma agraria originó otros problemas.
¿Cuáles fueron los líos?
Como no recibieron ayuda, los campesinos decidieron emigrar a las ciudades. La tierra quedó abandonada. Los indígenas dejaron de sembrar la cebada, un elemento básico para su alimentación, porque elaboraban la máchica. Asimismo dejaron de cultivar la quinua. En estas décadas se alimentan con fideo y arroz. La desnutrición aumentó al igual que el minifundio.
¿Cómo está el uso de la tierra actualmente?
Los datos del censo agropecuario de 1954 indican que 92 387 personas tenían menos de una hectárea. En ese año, 160 000 agricultores eran dueños de 1 a 5 hectáreas. Quienes tenían más de 20 hectáreas eran 35 000 personas. En el censo de 2000, se registró que 248 400 agricultores tienen menos de una hectárea. En un terreno pequeño no se puede aplicar una adecuada tecnología para mejorar la siembra ni remover el suelo. Por eso, esta propuesta de entregar 130 000 hectáreas debe analizarse técnicamente.
¿Qué se debe hacer?
Este ofrecimiento no debe cumplirse desde una meta política o para distraer la atención pública. La reactivación del agro tiene que tratarse con seriedad y sobre todo con responsabilidad. En primer lugar se deben evitar enfrentamientos entre las comunidades por un pedazo de tierra. Luego, el beneficiario debe recibir asistencia técnica y crédito para producir. Sería interesante que las universidades puedan aportar en este proyecto aunque el Gobierno actualmente no lo haga.