10 de October de 2009 00:00

Las emergencias no aceleraron las obras

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Grupo EL COMERCIO

Bajo el paraguas de los decretos de   emergencia,  el  gobierno de la revolución ciudadana asignó  USD 2 886 millones para obras en carreteras, contratos petroleros y de salud pública. 

De ese monto, USD 2 100 millones se invirtieron en 86 contratos desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, 299 millones en 500 contratos desde Salud y 487 millones en 57 convenios desde Petroproducción.    En total se ftimaron 643 contratos como emergencias en Salud, Obras Públicas y Energía.

Pese a que las emergencias también se aplicaron en otros campos, este Diario  hizo un muestreo detallado de  las contrataciones en las áreas señaladas, porque representan las inversiones más significativas. En esa revisión  detectamos   una serie de anomalías, que evidencian que en muchos  casos la emergencia, al parecer,  no se justificó.

El artículo 6 de la Ley de Contratación Pública dice que la emergencia es un “acontecimiento grave, como accidentes, terremotos, inundaciones, sequías, grave conmoción interna, inminente agresión externa y otras que provengan de fuerza mayor o caso fortuito (...)”.

Los decretos, firmados por el presidente Rafael Correa y los ministros de cada área, justifican la contratación para agilitar la entrega de las obras o los insumos y equipos, sin pasar por la etapa precontractual, que toma varias semanas y hasta meses.    

Sin embargo, al hacer contrataciones directas, sin licitaciones, se escogieron compañías sin verificar su capacidad real  para la ejecución, por lo cual más del 60% tiene serios retrasos (obras viales); en varios casos se seleccionaron  las ofertas más onerosas (Salud), se entregaron obras a personas naturales y a firmas con razones sociales distintas a la naturaleza del proyecto.   

Las irregularidades también se evidenciaron en la compra de 115 ambulancias en el Ministerio de Salud. Este  fue el proceso estrella de la emergencia sanitaria que el Gobierno de la revolución ciudadana comenzó el 11 de marzo de 2007. Esa compra costó USD 3,9 millones.

Un año después, en cadena de radio y televisión de 7 minutos, el Gobierno anunció “los avances de la revolución sanitaria” y la entrega de las unidades.

El  locutor, con voz aguda y música de fondo, anunció que los automotores están equipados con monitores, ventiladores, tanque de oxígeno, camillas… Además, que cada ambulancia tendría dos paramédicos y un médico. Pero el paso del tiempo dejó sin piso los ofrecimientos de la cuña propagandística. Es más, las camillas que llegaron en la ambulancia para el  Hospital Pablo Arturo Suárez (norte de Quito) se rompieron y desoldaron en la primera semana de uso.

El personal de mantenimiento colocó un refuerzo metálico, pero luego también se rompieron las ruedas. Estas se cambiaron y se soldaron nuevamente, aunque el director del hospital, Ramiro Salazar (hoy con permiso médico de tres meses), dijo que no hay inconvenientes. El piso también debió ser renovado por el deterioro.

Otro campo donde se evidenciaron supuestas irregularidades fue en la compra de sillas de ruedas, cuyo contrato se entregó a un militante de Alianza País. Con estos antecedentes, la Fiscalía abrió sendas indagaciones para establecer si existió algún delito.

La burocracia y el sector público podrían trabar una investigación periodística :

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(Seguirá  mañana)

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