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La emergencia por el covid-19 pone en riesgo 508 000 empleos

El Gobierno estima que 233 000 personas pasarán a la informalidad por la crisis. Foto: archivo / EL COMERCIO

El Gobierno estima que 233 000 personas pasarán a la informalidad por la crisis. Foto: archivo / EL COMERCIO

El Gobierno estima que 233 000 personas pasarán a la informalidad por la crisis. Foto: archivo / EL COMERCIO

La situación laboral en el país empeorará a causa de la baja actividad y paralización de la mayoría de sectores económicos, en medio de la emergencia por la pandemia del covid-19.

El Gobierno estima que en este contexto, alrededor de 508 000 personas podrían perder su empleo y otras 233 000 pasarían a la informalidad. Y la última estimación del Fondo Monetario Internacional señala que la tasa de desempleo en el país podría subir al 6,5%.

A un mes de la declaratoria del estado de excepción en el Ecuador, alrededor de 70% del aparato productivo y comercial está paralizado.

El Ejecutivo tenía previsto entregar esta semana una Ley económica con carácter de urgente, con medidas de reforma laboral para hacer frente a la crisis, pero hasta el cierre de esta edición el documento no se entregó al Legislativo.

Las tres primeras semanas de restricción causaron una caída en ventas por USD 4 730 millones y se espera que el ­impacto total ronde los USD
6 000 millones, informó el pasado miércoles 15 de abril Iván Ontaneda,
ministro de la Producción, ante el Pleno de la Asamblea.

Un informe elaborado por la Cámara de Industrias y Producción (CIP) estima que en un escenario adverso, si las ventas anuales se reducen el 30%, existe el riesgo potencial de que 743 902 trabajadores queden desempleados. La actividad comercial es la más afectada en todas las proyecciones que hace el estudio de la CIP.

La complicada situación ha llevado a que empresas de todo tipo desvinculen a trabajadores durante la emergencia sanitaria, con distintos argumentos, lo que genera la protesta de sindicatos y sectores sociales.

En algunos casos, los empleadores recurren a la finalización del contrato usando la figura de fuerza ­mayor, alegando que no es viable seguir con la relación laboral.

Luis Poveda, ministro de Trabajo, informó ayer, 16 de abril, que se han recibido 3 821 denuncias por despido intempestivo y otras supuestas irregularidades en la terminación de contratos durante la emergencia.

Un caso de despido en medio de la crisis es el de Marlene. Ella fue despedida de una agencia de relaciones públicas en marzo. Contó que sus empleadores alegaron que terminaron su contrato por la situación económica del país.

“Era una realidad que se veía venir, porque semanas atrás cuatro clientes importantes se habían retirado. Eso sostenía en parte el pago de varias personas”, contó la joven.

Añadió que recibió su liqui­dación por los meses que trabajó, pero quedó pendiente el pago de sus utilidades, que aún no tiene fecha definida.

A Jorge, que laboraba en una empresa relacionada al sector camaronero, lo despidieron este mes. Este sector se halla afectado porque los precios del crustáceo están cayendo.

“Sabíamos que la empresa estaba teniendo problemas de liquidez desde hace dos meses cuando se empezaron a retrasar los pagos”, dijo el extrabajador, quien todavía espera noticias sobre el proceso de pago de su último sueldo, las utilidades y la liquidación.

El aumento del desempleo y de la informalidad es un efecto que se espera en todo el mundo, debido al coronavirus.

El crecimiento de estos indicadores será mayor en los países en vías de desarrollo.

La Organización Internacional de Trabajo (OIT) calcula que entre abril, mayo y junio se perderán 195 millones puestos a tiempo completo. El ente describe el momento como “la peor crisis desde la II Guerra Mundial, que al final podría dejar un saldo de desempleo y precariedad en el trabajo”.

La propuesta del Gobierno para evitar despidos masivos es que las empresas en crisis puedan lograr acuerdos para reducir por dos años la jornada laboral, así como el sueldo y pagos a la seguridad social.

En la reforma anunciada se incluirá además una modalidad de contrato especial de emergencia, por dos años, que está dirigido a las nuevas inversiones y líneas de negocio.

“También será aplicable para las empresas que enfrentan dificultades económicas y que requieren de la contratación de emergencia. Este contrato especial es por dos años y renovado por una sola vez”, detalló ayer Poveda.

La jornada laboral bajo esta modalidad de contratación oscilaría entre 20 y 40 horas semanales, que podrán ser distribuidas en seis días a la semana. El salario será proporcional al horario pactado en el contrato.

También se analizó la opción de suspender al trabajador por tres meses, sin sueldo ni aportes al seguro. Sin embargo, esta posibilidad fue descartada.

En Ecuador, hasta diciembre del 2019 alrededor de 5 millones de personas están entre el desempleo y la informalidad, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu).

Ayer, 16 de abril, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) debía difundir la Enemdu con los resultados y datos hasta marzo, pero postergó la publicación hasta el 27 de abril, debido a que el INEC suspendió sus operativos de campo desde el pasado 16 de marzo.

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