Poblado de Azuay en alerta amarilla por deslizamiento
Irán ordena la detención de dos mujeres que no lleva…
Controles para evitar uso de palma de cera en Doming…
Justicia boliviana emite la primera sentencia por biocidio
Migrantes que cruzan el Darién rebasan cifra del pri…
Fiscalía advirtió que se pretende la liberación del …
22 jóvenes integran el primer Comité Consultivo de l…
Dos cuerpos fueron hallados en Cuenca con este mensa…

Culmina la veeduría para la legalización de Monte Sinaí y se plantea un observatorio para continuar la vigilancia

La veeduría ciudadana que vigiló el cumplimiento de la Ley 88 para la regularización de Monte Sinaí se conformó en septiembre de 2017. Foto: Elena Paucar / EL COMERCIO

La veeduría ciudadana que vigiló el cumplimiento de la Ley 88 para la regularización de Monte Sinaí se conformó en septiembre de 2017. Foto: Elena Paucar / EL COMERCIO

La veeduría ciudadana que vigiló el cumplimiento de la Ley 88 para la regularización de Monte Sinaí se conformó en septiembre de 2017. Foto: Elena Paucar / EL COMERCIO

Comenzaron con pequeñas reuniones en casas de vecinos. Pero su lucha los llevó a despachos de altas autoridades, incluso a otro país.

La veeduría ciudadana para exigir la legalización de Monte Sinaí cumplió 14 meses de labores. Este miércoles 28 de noviembre del 2018 concluyó su gestión con la lectura de un informe final.

En el documento constan los temas pendientes y recomendaciones para que se cumpla la regularización de los predios habitados por cerca de 28 000 familias en esta popular zona del noroeste Guayaquil.

El área abarca 780 hectáreas, aproximadamente. Es un territorio donde las competencias para su legalización están divididas: un 63% corresponde al Gobierno y el 35% restante está a cargo del Municipio de Guayaquil.

Después de sobreponerse a los desalojos y a la falta de servicios básicos, el pasado 25 de septiembre los veedores alcanzaron uno de sus logros más importantes. Ese día el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) y el Cabildo llegaron a un acuerdo para legalizar los barrios 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 A y 11.

Estos sectores son competencia del Gobierno, pero la Municipalidad se comprometió a levantar la información para completar la legalización en 15 meses. “Han pasado tres meses y el proceso sigue avanzando de manera lenta. Esto nos hace pensar que los 12 meses que faltan no serán suficientes”, dijo Jenny Pinto, secretaria de la veeduría, como parte del informe final.

Ese es uno de los temas que falta por resolver. Por ello proponen crear una mesa de trabajo permanente con autoridades y líderes de la comunidad. Y constituir un observatorio ciudadano para el derecho a la vivienda y hábitat comunitario y social, que haga vigilancia de casos similares en distintas partes del país.

A la lectura del informe acudieron funcionarios del Cabildo y del Miduvi. Ricardo Nicolalde, secretario técnico para la prevención de Asentamientos Humanos Irregulares, ratificó que se cumplirá con la titularización de los predios que constan en las fotografías satelitales hasta marzo de 2017. “Las estructuras nuevas serán desalojadas a través de la Intendencia. Hay alrededor de 500 solicitudes de desalojo”, señaló.

Monte Sinaí se conformó hace más de 15 años. Cientos de familias pagaron por sus predios a terratenientes, quienes no eran los propietarios de los lotes.

En los últimos seis años el sector ha experimentado un crecimiento acelerado: pasó de 13 078 predios en 2011 a 27 808 en 2017. Esto pese a la política de ‘cero tolerancia a las invasiones’, implementada por el anterior régimen.

“El proceso de legalización, lamentablemente, ha sido usado como un motín político electoral, lo que ha ocasionado zozobra, incertidumbre y graves lesiones a los derechos humanos”, concluyó la veeduría.

La agrupación también solicitó a la Contraloría General del Estado, a la Fiscalía y al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio que investiguen la participación de exfuncionarios, entre ellos gobernadores, concejales, ministros, asambleístas e intendentes, en el aumento acelerado de población.

Otro tema pendiente es la aprobación del pedido de reformas a la Ley 88, que establece las pautas para legalizar la tenencia de tierras en Monte Sinaí y predios de cantones cercanos. El proyecto fue presentado a la Asamblea con 5 000 firmas de respaldo y plantea que el Municipio asuma por completo la legalización.

Los veedores también piden a las autoridades que permitan la construcción y mejora de las viviendas levantadas hasta marzo de 2017. Además, que se redefinan las áreas verdes y de infraestructura social en terrenos vacíos para evitar la reubicación de familias.

La veeduría formó a 31 líderes comunitarias; 25 son mujeres. La coordinadora del grupo, Xiomara Jara, viajó a Argentina en septiembre pasado para compartir la historia de la lucha por Monte Sinaí en un encuentro de mujeres por la paz. “Nos unimos para luchar por esta tierra que es nuestra, es parte de nuestras familias”.