El tráfico paralizado y maquinaria pesada desplazándose son paisajes típicos de la carretera Alóag-Santo Domingo, que une Costa y Sierra. Para Gonzalo Quishpe, transportista de verduras, es normal un pequeño o un gran trancón en su viaje. “Ya estamos acostumbrados, siempre toca parar aquí”, dice, refiriéndose al km 54.
Ese es uno de los puntos problemáticos según Edwin Herrera, director de Vialidad de la Prefectura de Pichincha. En ese lugar se detectó un talud con inconvenientes crónicos, y es una de las prioridades para la reparación con otros de importancia en los km 21, 25 y 34.
“Son los taludes que siempre en invierno dan problemas y buscaremos solucionarlos”, añade.
Entre 2014 y 2015, la consultora Consultraffic identificó 53 taludes conflictivos. Con el uso de drones, estudió el nivel de peligrosidad de cada uno, entre los km 15 al 69.
Seis taludes fueron señalados de riesgo muy alto (21, 24, 28, 31, 34 y 38). Hay 33 de baja incidencia, nueve de problemática media y cinco de riesgo muy mínimo.
En el km 54, en donde Quishpe siempre para, hay una particularidad: hay 10 taludes sucesivos que, aunque son considerados de riesgo medio, causan graves problemas por la bajada de flujos rocosos. De acuerdo con el estudio, la mayoría de eventos, en toda la ruta, sucede por la caída de bloques (37%), desprendimientos (25%) y el resto por flujos de lodo y deslizamientos.
No hay dinero para cubrir todas las necesidades de rehabilitación. Herrera explica que el contrato para la ampliación de la vía hecho en 2007 fue de USD 185 millones y aún adeudan USD 11,5 millones. El trabajo incluía la ampliación a cuatro carriles desde el km 11,5 hasta el 46,9, más el mantenimiento. Aún hay tramos con trabajos sin concluir y se aprecian construcciones a medias.
“Todo el dinero de la recaudación del peaje de Alóag se va en pagar la deuda”, señala. Por el punto pasan al día unos 11 500 vehículos. Los livianos pagan USD 1 y los pesados, hasta USD 6. Se recaudan USD 7, 6 millones al año.
Solo el mantenimiento rutinario de la vía cuesta al gobierno Provincial USD 3 millones al año. Se prevé que la deuda se termine de pagar en octubre de 2022.
En mal estado
Gonzalo Andrade transita en su camioneta al menos una vez por semana por este camino. Se queja de la mala señalización y de las partes en donde hay baches, hundimientos y deslizamientos.
“Es una carretera peligrosa. Y eso que cobran el peaje para mantenerla, se supone”, lamenta mientras aguarda que personal de la empresa a cargo del mantenimiento despeje la tierra, para avanzar rumbo a Santo Domingo.
Por la crisis económica de la Prefectura, en enero intentó devolver la competencia al Min. de Transporte y Obras Públicas. Este se negó y autorizó la habilitación del peaje de Tandapi por USD 0,50.
Paola Pabón, prefecta, aseguró que no se cobrará esa tarifa mientras no se terminen las obras. Transportistas denuncian que la vía no está en condiciones óptimas. “Si la vía fuera de calidad pagáramos sin quejarnos, pero no es así”, afirma Orli Intriago, que viaja de tres a cinco veces a la semana.
Él se queja de que la vía esté dividida entre dos gobiernos provinciales, Pichincha y Santo Domingo. Esa pugna, para él, es un pretexto para no concluir las obras de ampliación de carriles. “Son zonas abandonadas y son un problema para los transportistas, que somos los que más ocupamos la vía y a quienes se nos dañan los carros”.
Otra de las falencias es la falta de seguro de daños. Según Herrera, si un vehículo sufre un daño el mismo conductor debe pagar la reparación. “Esta es una vía estatal en la que cobramos una tasa por servicio, que está siendo invertida en la ampliación y mantenimiento de la vía. No hay un seguro”, indicó.
Un compañero de Intriago cayó con su tráiler en un hueco y golpeó la valla del borde de la vía, y por poco cae al precipicio. Los agentes de tránsito le informaron que el vehículo debería ser detenido hasta que pague USD 4 000 por el daño de la valla. “Algo absurdo, porque a nosotros no nos reconocen cuando por caer en los huecos se dañan las hojas de resortes o las llantas”, alega el transportista.
Para solventar estos problemas, se “ajustará el modelo económico. El presupuesto para taludes bajó de USD 11,5 millones a USD 4 millones y es parte del contrato complementario que el gobierno provincial firmará en breve para habilitar el cobro del peaje de Tandapi.
