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Prefectos anuncian respaldo a Leonardo Orlando ante pedido de destitución

El Congope convocó este miércoles a una asamblea extraordinaria para tratar varios temas. Cortesía Congope.

El Congope convocó este miércoles a una asamblea extraordinaria para tratar varios temas. Cortesía Congope.

El Congope convocó este miércoles a una asamblea extraordinaria para tratar varios temas. Cortesía Congope.

La decisión que tomó un juez de Los Ríos de pedir la destitución del prefecto de Manabí, Leonardo Orlando, fue calificada como ilegítima e inconstitucional; por esa razón, Orlando anunció que presentará una denuncia ante la Fiscalía por tráfico de influencias.

Así lo confirmó el prefecto de Manabí durante una convocatoria a una asamblea extraordinaria del Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador (Congope), que se hizo la mañana de este miércoles 27 de enero del 2021.

El 22 de enero, el juez Ángel Tapia, de la Unidad Judicial Multicompetente de Puebloviejo (Los Ríos), dictaminó que Orlando habría incumplido una acción de protección emitida el 9 de noviembre del 2020 a favor Tito Álvarez Parreño, representante legal de la empresa Ranicor SA

Álvarez presentó ese recurso luego de que la Prefectura de Manabí terminara de manera unilateral un contrato de construcción de un sistema de riego y drenaje para Sucre y Tosagua.

Al respecto, Orlando aclaró que la terminación de ese contrato se dio por incumplimiento de la empresa en octubre del 2020. “El contrato contaba con el financiamiento no reembolsable con recursos de la reconstrucción por USD 8 millones y también con un crédito del Banco de Desarrollo por USD 6 millones. El proyecto se contrató en el 2017”, afirmó el prefecto de Manabí.

Orlando dijo que cuando asumió el cargo de Prefecto detectaron “graves incumplimientos” en esa obra. “Por ejemplo, 8 km de tubería que se habían pagado no estaban instalados y que la totalidad de las tuberías instaladas no habían tenido las pruebas obligatorias”. Eso, agregó, terminó en la finalización del contrato.

“Aquí se están privilegiando intereses particulares ante intereses públicos de la provincia de Manabí, de tener una obra anhelada por cuatro décadas”, indicó Orlando quien calificó a este proceso como una persecución política, por la que agradeció el respaldo de los demás prefectos del Congope.

Pablo Jurado, prefecto de Imbabura y presidente del Congope, explicó que a más de esta denuncia analizarían la demanda que presentaron 16 prefectos ante la Corte Institucional por la falta de cumplimientos desde el Ejecutivo para pagar las deudas pendientes que tiene con las prefecturas.

Además, Jurado indicó que hablarán sobre los efectos de la enmienda constitucional sobre la redistribución de recursos para los gobiernos locales.

“Se quiere entender que la enmienda constitucional va a generar mayores recursos para las prefecturas del país, situación que no es así. Es un mismo pastel que está establecido constitucionalmente. El 21 % de los ingresos permanentes y el 10% de los no permanentes para distribuir entre las 821 juntas parroquiales, los 221 municipios, las 23 prefecturas y Galápagos”, dijo Jurado.

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