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El Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) realizó una Asamblea Extraordinaria en Latacunga el jueves 18 de septiembre de 2025. En la reunión participaron 33 organizaciones de segundo grado y se aprobaron resoluciones frente a la eliminación del subsidio al diésel y otras demandas sociales.
La Asamblea, presidida por Rafael Negrete, declaró a Daniel Noboa como persona non grata en Cotopaxi. El pronunciamiento señaló que el Presidente irrespetó los derechos del Pueblo Kichwa Panzaleo al provocar conflictos con quienes defienden la naturaleza y los territorios.
El MICC exigió la derogatoria inmediata del Decreto Ejecutivo 126, que eliminó el subsidio al diésel. Según las organizaciones, la medida afecta a campesinos, transportistas y sectores populares que dependen de este combustible.
Las resoluciones incluyeron un llamado a la Secretaría de Pueblos y otros funcionarios para que cesen los intentos de dividir a las comunidades indígenas.
El MICC advirtió que mantendrá la unidad de sus bases frente a cualquier intervención del Ejecutivo.
#URGENTE | El MICC en Asamblea Extraordinaria Provincial, reunida en Latacunga el 18 de septiembre de 2025 con la participación de 33 organizaciones, resuelve alzar la voz contra las medidas antipopulares del gobierno de @DanielNoboaOk.#EnUnidad #SomosMICC #AbajoElPaquetazo pic.twitter.com/utzrH9uw23
— Mov.IndígenaCotopaxi (@Micc_Ec) September 18, 2025
El movimiento resolvió iniciar una movilización indefinida en la provincia de Cotopaxi. El Consejo de Gobierno del MICC coordinará acciones en el marco de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
La resolución contempla cierres de vías en parroquias, comunidades, barrios y ciudades de la provincia para exigir atención a las demandas de sus bases.
El MICC manifestó su rechazo a nuevas concesiones mineras, petroleras e hidroeléctricas en su territorio.
Las organizaciones señalaron que defenderán el agua y los recursos naturales frente a proyectos extractivos.
El movimiento indígena llamó a la unidad de las comunidades de Cotopaxi. En el documento final se insistió en la aplicación de los derechos reconocidos en la Constitución, especialmente en relación con territorio, soberanía y medio ambiente.