1,7 millones de vehículos pasan por la Alóag al año
Transportistas
El año pasado, por la vía Alóag-Santo Domingo circularon 1,7 millones de vehículos. Fueron carros de carga pesada, buses interprovinciales de pasajeros y livianos.
Esos usuarios se sienten afectados por la tercera tarifa que se cobra -desde la semana pasada- en el peaje de Santo Domingo, en el kilómetro 88.
Los gremios de transportistas pesados y de pasajeros anunciaron que si no se reduce la tarifa en el peaje de Alóag (donde se cobran dos valores) o se elimina la de Santo Domingo mañana paralizarán sus actividades.
Eso implicaría que diariamente 7 500 vehículos -entre camiones, tráileres y buses interprovinciales- dejen de circular por esta carretera que une la Sierra con la Costa.
Solo los vehículos de carga pesada representan 3 000 (20%) de los 15 000 (incluidos los livianos) que circulan cada día por la Alóag. Estos transportan materiales de construcción, alimentos y bebidas, chatarra y automotores tanto a la Costa como a la región andina.
Juan Carlos Andrade, presidente de la Federación Nacional del Transporte Pesado, señaló que la Alóag es una vía nacional. “No es cierto que une Pichincha con Santo Domingo como lo quieren ver las prefecturas. Es una vía que une a las tres regiones del país”.
Durante el año es utilizada por los 200 000 vehículos que son parte de la Federación. “Como una medida de rechazo dejaremos de prestar nuestro servicio desde el miércoles”.
Los sectores productivos están preocupados por la posible paralización. Según el Colegio de Arquitectos de la provincia tsáchila, el 80% de los productos para la construcción que se distribuyen en la región llega desde la vía Alóag.
José Zambrano, uno de los distribuidores de cemento Selva Alegre en Santo Domingo, cuenta que cada semana se hacen pedidos de hasta 30 toneladas para vender en las 12 distribuidoras que hay en la provincia. “Las ventas aumentaron por el terremoto casi en un 20%, en toda la región”.
El conductor Rodrigo Inlago traslada 40 toneladas semanales de ese cemento desde Otavalo hacia Santo Domingo, Manabí y Guayas. “Hacemos más fletes: dos por semana (antes era uno semanal), pero en cambio debimos hacer una rebaja en el costo del flete para contribuir con las empresas por el terremoto”.
Inlago cobra USD 650 por un viaje a Guayaquil. Hasta antes del terremoto se cobraba hasta USD 750. “En el viaje se gastan unos USD 300 entre gasolina, alimentación, peajes y mantenimiento”.
La semana pasada, solo en los peajes gastó USD 50 (se incluyen todas las tasas que pagó en su trayecto). De esos, USD 36 (ida y regreso) fueron en la Alóag. “La tercera tarifa fue una decisión que no nos informaron y eso nos da miedo porque en cualquier momento vuelven a subir los precios”.
Los transportistas denunciaron que tras pagar dos peajes durante 18 años aún no se ha terminado la ampliación ni se han hecho mejoras, como dotar de un lugar de descanso. “Nos hacen eso porque es la única vía que podemos utilizar, ya que la Calacalí - La Independencia es muy estrecha”, señaló el conductor Carlos López, quien traslada chatarra dos veces por semana.
En el caso de los buses interprovinciales, que representan el 30% (4 500 vehículos) del tráfico diario en la Alóag, el gremio alega que no se tuvo en cuenta que el nuevo peaje repercute en el costo del pasaje en las terminales terrestres.
Jorge Calva, gerente de la Cooperativa Alóag, señaló que en el peaje de Alóag deben pagar USD 8 y en el de Santo Domingo son 4 más. Pero, el pasaje se mantiene en USD 3. “La única opción que tenemos es dejar de prestar el servicio o no pagar empleados”.
Geovanny Benítez, prefecto de Santo Domingo, aseguró que entiende la posición de los transportistas, pero que era una medida que debía darse, ya que la única forma de ampliar la vía es con el cobro del peaje.
Para Abel Gómez, presidente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte de Pasajeros del Ecuador, el cobro es inconstitucional porque se debería cobrar por una obra que ya esté construida. “No tenemos garantías de que se tarden 18 años más en construir la ampliación”.
Benítez aclaró: “Los estudios arrojaron que máximo en tres años se podría hacer la ampliación”. Informó que el pasado viernes recibió, a través del sistema Quipux el oficio MTOP-SDCT-17-205-OF, emitido por la Subsecretaría de Delegaciones del Ministerio de Transporte y Obras Públicas en el cual se aprueba el funcionamiento del peaje en el kilómetro 88. “No se ha infringido la ley y las autoridades lo reconocen. El peaje es legal”.
Los transportistas se reunieron ayer en Quito para entregar en el despacho del ministro Boris Córdova, un oficio en el que exponen su rechazo al nuevo peaje. Hasta el cierre de la edición, las prefecturas se mantenían en el cobro de las tres tarifas.
