La garantía en los arriendos ya no dependería solo del acuerdo entre propietarios e inquilinos
La reforma plantea regular el valor de la garantía y acelerar su devolución al finalizar el contrato de arriendo.
La reforma ley de inquilinato Ecuador avanza en la Asamblea Nacional, incorporando varios cambios significativos para los contratos de arrendamiento. Entre las modificaciones se encuentra una regulación para calcular la garantía y un proceso judicial más ágil para reclamar su devolución. Sin embargo, esta propuesta aún debe superar el segundo debate antes de entrar en vigencia.
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La garantía no es obligatoria actualmente con la Ley de Inquilinato en Ecuador
En la legislación vigente, la Ley de Inquilinato no obliga al inquilino a entregar una garantía o depósito al firmar un contrato. A pesar de esto, esta práctica es común en Ecuador y suele representar uno o dos meses de arriendo.
El propietario y el arrendatario acuerdan el valor, la forma de pago y las condiciones para la devolución del dinero. Una vez que estos términos se establecen en el contrato, ambas partes deben cumplirlos.
Al finalizar el arrendamiento, el propietario debe restituir la garantía. Sin embargo, puede descontar valores si existen daños comprobados en el inmueble que sean atribuibles al inquilino. En este caso, los gastos por reparaciones deben estar justificados con las respectivas facturas.
Cálculo técnico del valor de la garantía
El proyecto propone modificar el artículo 7 de la Ley de Inquilinato para que el monto de la garantía no dependa únicamente del acuerdo entre las partes.
La cantidad deberá relacionarse con el costo de posibles reparaciones derivadas del uso y desgaste del inmueble. La propuesta no establece un monto fijo ni determina que la garantía equivalga a un número específico de mensualidades.
El asambleísta Keevin Gallardo presentó esta iniciativa el 4 de junio de 2026. Su planteamiento se incorporó al proyecto de reforma que analiza la Comisión de Justicia y Estructura del Estado.
Gallardo destacó que algunos inquilinos aceptan depósitos elevados al momento de arrendar una vivienda y luego enfrentan dificultades para recuperar el dinero al finalizar el contrato.
Conflictos por devolución de garantías
Otro cambio importante se centra en los conflictos relacionados con la devolución de la garantía. La iniciativa propone que estos reclamos se tramiten mediante un procedimiento sumario previsto en el Código Orgánico General de Procesos.
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Esta vía permitiría reducir los tiempos judiciales ante las controversias que surgen cuando el propietario no devuelve el depósito o cuando existen desacuerdos sobre los valores descontados por daños y reparaciones.
A pesar de estas modificaciones, la reforma no elimina el derecho del arrendador a cobrar por afectaciones comprobadas en el inmueble.
El objetivo es establecer reglas claras para determinar el valor inicial de la garantía y ofrecer un procedimiento específico cuando las partes no logren un acuerdo sobre su devolución.
Estado actual del proyecto legislativo
El proyecto de reforma a la Ley de Inquilinato pasó el primer debate en abril de 2026. Después de esa discusión, la Comisión de Justicia incorporó la propuesta sobre las garantías y resolvió unificar otros cuatro proyectos pendientes en la Asamblea.
La mesa legislativa debe preparar un solo informe con los cambios planteados antes de que el texto regrese al Pleno.
Hasta ahora, no existe una fecha definida para el segundo debate, lo que significa que las nuevas condiciones aún no están vigentes. Por lo tanto, los contratos actuales continúan sujetos a la legislación existente y a las obligaciones acordadas por propietarios e inquilinos.
Ley de inquilinato; preguntas frecuentes
Respuesta precisa:
La reforma plantea que la garantía de arriendo se calcule con criterios técnicos y no solo por acuerdo entre propietario e inquilino. El valor deberá guardar relación con el costo de posibles reparaciones por uso y desgaste del inmueble.
Contexto:
La propuesta busca modificar el artículo 7 de la Ley de Inquilinato. No fija un monto único ni establece que la garantía deba equivaler a uno o dos meses de arriendo.
El cambio fue planteado por el asambleísta Keevin Gallardo el 4 de junio de 2026 y se incorporó al proyecto que analiza la Comisión de Justicia y Estructura del Estado.
Respuesta precisa:
La Ley de Inquilinato vigente no obliga al inquilino a entregar una garantía o depósito al firmar un contrato. Sin embargo, esa práctica es habitual en Ecuador y suele pactarse entre las partes.
Contexto:
Propietario e inquilino acuerdan el valor, la forma de pago y las condiciones para devolver ese dinero. Cuando esos términos constan en el contrato, pasan a ser obligatorios para ambas partes.
Al finalizar el arrendamiento, el propietario debe devolver la garantía. Solo puede descontar valores si existen daños comprobados atribuibles al inquilino y respaldados con facturas.
Respuesta precisa:
La reforma establecería reglas más claras para fijar el valor de la garantía y reclamar su devolución. También mantendría el derecho del propietario a cobrar por daños comprobados en el inmueble.
Contexto:
El proyecto no elimina la posibilidad de descontar valores por reparaciones. La diferencia es que esos descuentos deberán estar justificados y vinculados con afectaciones atribuibles al inquilino.
Para los arrendatarios, la propuesta busca evitar depósitos elevados y facilitar el reclamo cuando el dinero no sea devuelto. Para los propietarios, mantiene la posibilidad de cubrir daños reales en la vivienda.
Respuesta precisa:
La reforma plantea que los reclamos por devolución de la garantía se tramiten mediante procedimiento sumario. Esta vía está prevista en el Código Orgánico General de Procesos.
Contexto:
El objetivo es reducir los tiempos judiciales en los conflictos entre propietarios e inquilinos. Estos desacuerdos suelen aparecer cuando el arrendador no devuelve el depósito o cuando existen diferencias sobre descuentos por daños.
La propuesta busca ofrecer un camino específico para resolver esas controversias si las partes no llegan a un acuerdo.
Respuesta precisa:
La reforma aún no está vigente. El proyecto debe superar el segundo debate en la Asamblea Nacional antes de que los cambios puedan aplicarse.
Contexto:
El texto pasó el primer debate en abril de 2026. Después, la Comisión de Justicia incorporó la propuesta sobre garantías y resolvió unificar otros cuatro proyectos pendientes.
La mesa legislativa debe preparar un solo informe antes de que la reforma regrese al Pleno. Hasta el momento no existe una fecha definida para el segundo debate.
