
La Asamblea Nacional Ecuador resolvió la objeción presidencial a la reforma de la Ley de Ordenamiento Territorial tras acatar un dictamen de la Corte Constitucional y aceptar los textos planteados por el Ejecutivo.
El Pleno de la Asamblea cerró el trámite legislativo del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (Lootugs). Tras analizar el informe no vinculante de la Comisión de Gobiernos Autónomos, el legislativo tomó decisiones clave sobre las objeciones presentadas por la Presidencia de la República. El objetivo fue armonizar la normativa con el ordenamiento jurídico vigente.
Con 81 votos a favor, el Legislativo acogió las modificaciones sugeridas por la Corte Constitucional en su dictamen N.º 1-26-OP/26. Este ajuste fue necesario para corregir aspectos relacionados con los artículos 9, 10, 13, 16, 20, 21, 23, 26 y 28 del proyecto.
La intervención del máximo organismo constitucional fue crucial para asegurar que el articulado respete los principios de jerarquía normativa.
De forma complementaria, con 82 votos, la Asamblea se allanó a la objeción por inconveniencia remitida por el presidente Daniel Noboa.
Este respaldo legislativo abarcó los artículos 4, 7, 8, 12, 13, 17, 25 y 37, además de la disposición transitoria cuarta. Con estas votaciones, el parlamento ecuatoriano concretó la adecuación de los textos legales conforme a las observaciones del Ejecutivo.
Según la legisladora Lucía Pozo, quien lideró la ponencia del informe, el cuerpo legal mantiene su esencia en gran parte de su contenido. Un total de 25 artículos aprobados en la fase inicial no recibieron objeciones, por lo que permanecen vigentes en el texto definitivo.
Estas normas intactas garantizan la continuidad en temas sensibles como las facultades de los entes territoriales, la gestión del hábitat, los instrumentos de planificación, el régimen de derechos de uso y la regularización de permisos.
Asimismo, la ley conserva las disposiciones sobre el fortalecimiento del Sistema de Información de las Intendencias de Ordenamiento Territorial, los procedimientos administrativos y el régimen sancionatorio aplicable a infracciones.
La reforma final incluye modificaciones derivadas del dictamen constitucional en áreas estratégicas. El ajuste abarca la planificación y el uso del suelo, los títulos habilitantes, la concesión onerosa de derechos y los mecanismos sustitutivos.
Además, se clarifica la naturaleza de las competencias de las intendencias de ordenamiento territorial, salvaguardando la autonomía de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
El texto final busca crear un entorno favorable para la inversión privada y facilitar la construcción de vivienda. Estas disposiciones representan el consenso legislativo alcanzado para impulsar un desarrollo territorial más ordenado en Ecuador, atendiendo las necesidades del país y la autonomía de sus gobiernos locales.