Asamblea deberá ajustar Ley de Suelos tras dictamen de la Corte
La Asamblea Nacional retoma el trámite tras el dictamen constitucional sobre ordenamiento territorial en Ecuador.
La Corte Constitucional aceptó parcialmente las objeciones del presidente Daniel Noboa, lo que llevó a la Asamblea Nacional a modificar la reforma a la Ley de Ordenamiento Territorial. Esta decisión se basa en el dictamen emitido el 5 de junio de 2026, donde el máximo organismo de control constitucional consideró que se otorgaron atribuciones excesivas a la Superintendencia de Ordenamiento Territorial.
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Modificaciones requeridas por la Asamblea Nacional
La Asamblea Nacional deberá retomar el trámite legislativo del proyecto de “Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo”. Este ajuste busca corregir las disposiciones que resultaron inconstitucionales, según el fallo de los nueve jueces de la Corte.
Limitaciones a la Superintendencia de Ordenamiento Territorial
El fallo determinó que varios apartados del proyecto otorgaban facultades excesivas a la Superintendencia. La Corte subrayó que este organismo debe actuar como una entidad técnica de vigilancia y no tiene atribuciones para dirigir o regular decisiones que corresponden a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
Artículos inconstitucionales
Los artículos 9, 10, 13, 16, 20, 21, 23, 26 y 28 del proyecto resultaron inconstitucionales al intentar sustituir las competencias municipales en planificación territorial y uso del suelo. Esta intervención limitó las decisiones locales sobre habilitaciones urbanísticas.
Impacto en proyectos habitacionales
Entre las medidas anuladas por el tribunal destaca la obligación impuesta a los municipios para reconocer automáticamente la declaratoria de “Proyecto Estratégico Nacional de Construcción de Vivienda”. Esta disposición incluía plazos de 30 días para emitir permisos, lo cual fue invalidado al considerar que afectaba las atribuciones locales sobre licencias y autorizaciones urbanísticas.
Eliminación de imposiciones y facultades
La Corte también eliminó la imposición que obligaba a los gobiernos municipales a aplicar forzosamente la “Concesión Onerosa de Derechos” en procesos de transformación del suelo.
Además, dejó sin efecto las facultades otorgadas a la Superintendencia para evaluar la idoneidad técnica de profesionales en planificación territorial.
Coordinación entre niveles de gobierno
A pesar de limitar la intervención nacional en asuntos locales, la Corte aclaró que las políticas del Gobierno Central pueden coexistir con las competencias municipales.
Los jueces enfatizaron que ambos niveles deben trabajar en conjunto, asegurando que las decisiones sobre el territorio permanezcan en manos locales.
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Próximos pasos para la Asamblea Nacional
El proyecto ahora regresará a la Asamblea Nacional, donde se deberán integrar las modificaciones indicadas por el dictamen constitucional. Esto garantizará coherencia con el marco jurídico vigente en Ecuador.
- Informe extra: Uso del suelo
