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Ecuador enfrenta los efectos del fenómeno de El Niño en medio de emergencias por lluvias que afectan a distintas provincias. La capacidad de respuesta de los gobiernos locales vuelve a estar en el centro de la discusión, sobre todo por las medidas que cada municipio y prefectura debía preparar para reducir los riesgos en sus territorios.
La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) informó, en su boletín 055 del 6 de noviembre de 2026, que 246 municipios y prefecturas debían elaborar planes de acción frente al fenómeno.
La disposición del Comité de Operaciones de Emergencia (COE), emitida el 22 de mayo, estableció un plazo de 30 días, que concluyó el 23 de junio.
De ese total, 161 gobiernos autónomos descentralizados (GAD) entregaron sus documentos dentro del plazo y 85 los remitieron después de la fecha límite. El grupo está integrado por 72 gobiernos cantonales y 13 prefecturas, distribuidos en 21 provincias.
El listado de la SNGR identifica a los siguientes gobiernos locales:
Los planes debían establecer medidas de acuerdo con las amenazas de cada territorio. Entre las acciones prioritarias constan la revisión, limpieza y mantenimiento de alcantarillas, redes de alcantarillado y sumideros. También contemplan inversiones en drenaje, limpieza de canales e iluminación de puntos críticos.
Sin embargo, la SNGR advierte que estas intervenciones preventivas no se ejecutaron. La institución señala que la entrega de un documento no garantiza que las obras se concreten ni que los recursos previstos se inviertan. Por eso, plantea la necesidad de dar seguimiento al financiamiento y al cumplimiento de las medidas.
Santiago Balarezo, integrante de la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos de Ecuador, considera que varios planes no se convirtieron en herramientas efectivas para atender las emergencias.
Según el especialista, la respuesta de algunos GAD se concentró en la ayuda humanitaria, mientras la disponibilidad de maquinaria no alcanza para cubrir las necesidades de sus territorios.
Balarezo también identifica problemas en la planificación urbana.
Señala que las debilidades de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial y de los instrumentos de uso y gestión del suelo permiten asentamientos y urbanizaciones en zonas de riesgo. A su criterio, la prevención debe formar parte del trabajo permanente de las autoridades y no limitarse a las acciones que ejecutan cuando ocurre una emergencia.
El informe de situación 95 de la SNGR, con corte al 18 de noviembre de 2026, registra 1 657 eventos adversos por lluvias en las 24 provincias. Las emergencias alcanzaron a 169 cantones y 542 parroquias. Las inundaciones representan el evento más frecuente, seguidas por los deslizamientos.
El reporte contabiliza 93 748 personas impactadas: 56 431 afectadas y 37 317 damnificadas. También registra 16 fallecidos y más de 25 000 viviendas afectadas. Esmeraldas, Guayas, El Oro, Los Ríos, Santa Elena, Manabí, Galápagos y Bolívar constan entre las provincias con mayor impacto en la población.
Ante este escenario, el COE Nacional permanece activo para coordinar la atención de las emergencias. La SNGR reportó la entrega de 34 993 bienes de asistencia humanitaria en 19 provincias.
Para Balarezo, el reto está en fortalecer una cultura de prevención. La gestión de riesgos, sostiene, requiere planificación territorial, presupuesto, personal capacitado y acciones de mitigación que reduzcan los daños a la población.
El especialista en Riesgos, Cristian Rivera, considera que los municipios mantienen una gestión centrada en atender las emergencias, en lugar de invertir de forma sostenida en prevención. Entre los problemas que identifica constan los drenajes y sistemas de alcantarillado insuficientes, la falta de estudios hidrológicos y las construcciones en zonas inundables.
Rivera señala que varias ciudades crecieron sin una planificación adecuada y que su infraestructura ya no responde a las necesidades actuales.
También cuestiona que las autoridades no siempre utilicen la información de los organismos técnicos para tomar decisiones oportunas, pese a que el país cuenta con sistemas de monitoreo meteorológico e hidrológico.
El experto plantea fortalecer los sistemas de alerta temprana para anticipar desbordamientos y evacuar a las familias que viven en zonas expuestas. Además, considera necesario mejorar la coordinación entre municipios, prefecturas, juntas parroquiales y el Gobierno central, así como garantizar recursos para maquinaria, equipos de rescate y obras de mitigación.
Rivera advierte que las consecuencias de las inundaciones no terminan cuando baja el nivel del agua. Las familias pueden perder sus medios de subsistencia, los estudiantes interrumpir sus clases y sectores productivos enfrentar daños en sus cultivos. Por eso, sostiene que la evaluación de la respuesta debe incluir también las afectaciones posteriores a las emergencias.
Un total de 85 gobiernos autónomos descentralizados (GAD) entregaron fuera del plazo sus planes de acción frente al fenómeno de El Niño, según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR).
Contexto: De los 246 municipios y prefecturas que debían presentar estos documentos, 161 cumplieron dentro del plazo y 85 los remitieron después de la fecha límite. El grupo de entregas tardías está integrado por 72 gobiernos cantonales y 13 prefecturas, distribuidos en 21 provincias.
Los gobiernos locales tenían hasta el 23 de junio de 2026 para entregar sus planes de acción.
Contexto: El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) emitió la disposición el 22 de mayo y estableció un plazo de 30 días. La SNGR presentó estos datos en su boletín 055, publicado el 6 de noviembre de 2026.
Cayambe, Mejía, Pedro Vicente Maldonado y Rumiñahui constan entre los gobiernos locales que entregaron sus planes fuera del plazo establecido.
Contexto: La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos incluyó a estos cuatro cantones de Pichincha en el listado de 85 GAD que remitieron sus documentos después del 23 de junio de 2026.
La lista incluye gobiernos cantonales y prefecturas de 21 provincias, entre ellas Azuay, Guayas, Esmeraldas, Los Ríos, Manabí, Morona Santiago, Napo, Pastaza, Sucumbíos y Zamora Chinchipe.
Contexto: El listado completo de la SNGR también registra entregas tardías en Bolívar, Cañar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, Galápagos, Imbabura, Orellana, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas y Tungurahua. En total, 72 gobiernos cantonales y 13 prefecturas presentaron sus documentos después de la fecha límite.
Los planes debían contemplar la limpieza y el mantenimiento de alcantarillas, redes de alcantarillado y sumideros, además de inversiones en drenaje y limpieza de canales.
Contexto: Las acciones debían responder a las amenazas de cada territorio. También incluían iluminación de puntos críticos y otras intervenciones para reducir los riesgos de inundaciones y emergencias por lluvias.
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