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La notificación de desalojo a extranjeros genera polémica

En Peguche, cabecera parroquial de Miguel Egas, no se encontró ayer a extranjeros.

En Peguche, cabecera parroquial de Miguel Egas, no se encontró ayer a extranjeros.

En Peguche, cabecera parroquial de Miguel Egas, no se encontró ayer a extranjeros. Foto: Álvaro Pineda para EL COMERCIO

Una aparente tranquilidad se sentía el pasado martes 23 de julio de 2019 en la comunidad indígena Peguche, un día después de que tres hombres recibieran un baño en agua fría y latigazos en público, acusados del robo de un automotor.

Peguche es la cabecera de la parroquia Miguel Egas Cabezas, en el cantón Otavalo (provincia de Imbabura).

La sanción a los tres extranjeros fue impuesta por el Consejo de Cabildos de Miguel Egas Cabezas, que lo integran siete comunas kichwas.

En Peguche, donde se aplicó la justicia indígena, nadie quería hablar ayer del tema. Algunos de los 6 000 habitantes de Miguel Egas retomaron las tareas agrícolas, trabajaban en los talleres de tejidos o caminaban por las calles.

Las cenizas de una moto, de propiedad de uno de los sancionados y que fue quemada el lunes último, eran la única huella del suceso. Los fierros que quedaron del vehículo fueron retirados.

Mientras tanto, había temor entre los extranjeros que se encuentran en el poblado y que deben abandonarlo en tres días, como parte de la resolución del Consejo de Cabildos.

Hoy se reunirá este organismo, considerado la máxima autoridad local. La asamblea es para elaborar las notificaciones que se entregarán a los propietarios de casas y sitios de hospedaje, señala Marcelo Yacelga, presidente de la Junta Parroquial de Miguel Egas.

Según el funcionario, a partir de la notificación que se entregue a cada dueño correrán los tres días del plazo establecido.

Javier Delgado, un viajero de Colombia que lleva tres meses en Peguche como parte de su periplo hacia el Perú, considera que el desalojo de los extranjeros es una medida drástica.

Delgado, junto a seis excursionistas de varios países de América del Sur, está alojado en un sitio de hospedaje, que cobra USD 3 por noche.

La Junta Parroquial no tiene cifras de cuántos visitantes se encuentran actualmente en Miguel Egas. Sin embargo, Paola Arellano, funcionaria de la hostería Aya Huma, explica que hay que diferenciar los tres tipos de visitantes que llegan a este poblado. Unos son turistas europeos y norteamericanos, otros son ‘mochileros’ y los migrantes que han llegado desde Venezuela.

Por ello considera que la medida no debió ser generalizada para todos los extranjeros.

Para Santiago Cifuentes, coordinador de la Corporación de Solidaridad y Derechos Humanos de Imbabura, en este caso se estaría vulnerando el principio de no discriminación, el derecho a la libre circulación y residencia y la presunción de inocencia.

“No se puede suponer que si alguien pertenece a una determinada nacionalidad esté infringiendo la ley”.

El activista explica que si bien la Constitución ecuatoriana establece el principio de pluralismo jurídico, entre la justicia ordinaria y la indígena, sus resoluciones están sometidas al control de la Corte Constitucional y deben respetar los derechos humanos.

Rocío Cachimuel, presidenta de la Federación de Pueblos Indígenas y Campesinas de la Sierra norte, explica que desde 1998, cuando se incorporó a la Constitución la aplicación del derecho consuetudinario, han capacitado a las comunidades. “El objetivo es evitar excesos en los castigos”.

En el caso reciente ocurrido en Peguche, considera que las autoridades de esa comuna o parroquia tienen facultad jurisdiccional. En esta localidad fue encontrado el vehículo que fue sustraído en la ciudad de Otavalo y que luego quedó atascado en un acequia.

También aclara que la justicia indígena determina que si el delito se comete en un territorio comunitario se debe sancionar al responsable independientemente de que sea indígena, mestizo o extranjero.

Para la mayoría de kichwas, como Marcelo Yacelga, la justicia indígena no castiga sino purifica a las personas que han cometido errores.

Los dirigentes de las comunidades anunciaron que junto a la Comisaría Nacional de Otavalo y de Policía retomarán los controles en las comunidades de la parroquia.

La última se realizó el jueves pasado y se comprobó que había seis locales de hospedaje que no tenían los papeles en regla, aseguró Paola Narváez, comisaria del cantón.

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