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El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) dio nuevos pasos en los procesos para designar al Procurador General del Estado y al Fiscal General. El organismo aprobó el 10 de noviembre de 2026 el inicio del procedimiento para elegir al titular de la Procuraduría y abrió la inscripción para la veeduría ciudadana. Al mismo tiempo, el concurso para Fiscal General pasó a la fase de oposición, que incluye pruebas escrita y oral.
Los dos procesos avanzan por etapas distintas. Para la Procuraduría, el presidente Daniel Noboa deberá presentar una terna de candidatos, mientras que para la Fiscalía los postulantes deberán afrontar las evaluaciones previstas en el concurso.
El Cpccs arranca con proceso de selección de nuevas autoridades aprobó el envío de una solicitud al presidente Daniel Noboa para que proponga tres nombres para ocupar el cargo de Procurador General del Estado. La normativa establece que el organismo debe solicitar la terna dentro de los 15 días anteriores al fin del período de la autoridad en funciones.
Juan Carlos Larrea, actual procurador, asumió el cargo el 15 de noviembre de 2022. Su período concluye el sábado 15 de noviembre de 2026. Sin embargo, Larrea podría continuar en funciones hasta que el Consejo complete el proceso y designe a su reemplazo.
Una vez que la Presidencia reciba la solicitud, Noboa tendrá 10 días hábiles para remitir los nombres al Cpccs. El mandatario solicitó una licencia de 14 días por su participación en la campaña electoral de las elecciones seccionales de noviembre.
El Cpccs conformó el 10 de noviembre una Comisión Técnica de Selección con siete delegados de los consejeros. Este equipo verificará los requisitos, las prohibiciones y las inhabilidades de los tres candidatos que proponga el Ejecutivo.
Entre las condiciones para integrar la terna constan la nacionalidad ecuatoriana, un título de tercer nivel en Derecho y al menos 10 años de ejercicio profesional o docencia. Los aspirantes también deben demostrar probidad y ética, además de cumplir las condiciones relacionadas con su trayectoria política.
La normativa establece prohibiciones para quienes adeuden dos o más pensiones alimenticias, mantengan deudas en mora con el Estado o tengan vínculos directivos con organizaciones políticas. También excluye a personas con bienes, inversiones o participaciones en paraísos fiscales, así como a quienes enfrenten procesos o sentencias por delitos como enriquecimiento ilícito, cohecho, concusión, tráfico de influencias, lavado de activos o narcotráfico.
Si la Comisión encuentra incumplimientos en uno o varios integrantes de la terna, solicitará al presidente que complete la lista en un plazo de cinco días. Quienes superen la revisión pasarán a las etapas de escrutinio público e impugnación ciudadana.
En paralelo, el concurso para designar al nuevo Fiscal General del Estado avanzó a la fase de oposición. Esta etapa contempla dos evaluaciones: una prueba escrita y otra oral.
Con este paso, el proceso entra en una fase de evaluación de conocimientos y capacidades de los postulantes. El Cpccs no detalló en la información difundida las fechas de aplicación de las pruebas ni el cronograma completo de esta etapa.
Los concursos para Procurador y Fiscal General continúan así por vías distintas: el primero depende de la terna que envíe el Ejecutivo y de la posterior revisión de los perfiles; el segundo avanza con las evaluaciones previstas para sus aspirantes.
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