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La inversión del Estado ecuatoriano en tecnología que apunta a mejorar el sistema de salud pública quedó bajo la lupa de las organizaciones sociales del país. Mediante solicitudes formales, fundamentadas en la legislación nacional, los contratos con CNT y Dedalus para implementar el sistema de historia clínica unificada y agendamiento de citas médicas fueron requeridos de forma integral para transparentar el manejo de los fondos públicos.
La mañana de este jueves 17 de septiembre de 2026, la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) formalizó los pedidos mediante dos oficios. Las solicitudes, firmadas por el coordinador Germán Rodas Chaves al amparo del artículo 18 numeral 2 de la Constitución y de los artículos 1, 9 y 19 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP), exigen copias digitales y completas de los expedientes para corroborar que el financiamiento asignado cumpla los estándares técnicos y legales correspondientes.
El primer documento, dirigido al ministro de Salud Pública, Juan Carlos Aveiga Parra, solicita la copia íntegra del contrato principal bajo régimen especial con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT EP).
Dicho proceso fue adjudicado el pasado 9 de septiembre de 2026 a la estatal de telecomunicaciones por un valor aproximado de 240,2 millones de dólares, enfocado en el desarrollo de la plataforma tecnológica de historia clínica electrónica y citas médicas nacionales.
La CNA pidió los informes técnicos, económicos y de viabilidad de dicha adjudicación, recordando que ya formuló una primera petición de información a esta cartera el 31 de julio del año en curso.
El segundo oficio fue entregado a la Gerencia General de CNT EP, a cargo de Ronald Spina. En él se demanda la copia íntegra del contrato de subcontratación, alianza estratégica o convenio tecnológico suscrito entre la telefónica pública y la empresa privada Dedalus (o su respectiva filial o consorcio).
La solicitud abarca además los Términos de Referencia (TDR), los anexos técnicos de selección de proveedores, los estudios financieros y los cronogramas de ejecución fijados para la dotación del software hospitalario.
En ambos requerimientos, la representación ciudadana enfatizó que, en caso de alegarse confidencialidad para restringir el acceso a los documentos, las autoridades deben entregar copia del acto administrativo debidamente motivado con la declaratoria de reserva.
El organismo sostuvo que, al tratarse de recursos pertenecientes a todos los ecuatorianos dirigidos a la salud pública, la ciudadanía debe tener certeza sobre los términos del software y los recursos involucrados.
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