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Organismos sociales presentan acción de protección por la contaminación a las comunidades tras derrame de petróleo

El derrame de petróleo dejó sin agua potable a distintas comunidades. Fotos: Cortesía Amazon Frontlines

El derrame de petróleo dejó sin agua potable a distintas comunidades. Fotos: Cortesía Amazon Frontlines

Organizaciones sociales recorrieron las zonas afectadas por el derrame de petróleo en las orillas del río Coca, en la Amazonía del Ecuador. Fotos: Cortesía Telmo Ibarburu, enviada por Amazon Frontlines

Por la afectación a cerca de 120 000 habitantes de las provincias amazónicas de Orellana y Sucumbíos tras el derrame de petróleo del 7 de abril del 2020, los organismos de defensa de los derechos humanos, organizaciones indígenas y religiosas presentaron una acción de protección contra el Estado ecuatoriano.

La medida fue interpuesta en el cantón Francisco de Orellana (provincia de Orellana) la mañana de este miércoles 29 de abril del 2020.

La contaminación se produjo por la rotura de las tuberías del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) y del poliducto ShushufindiQuito.

Este pedido tiene el respaldo de la Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (Fcunae), la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) y los Vicariatos de Orellana. También se suman habitantes y dirigentes de las cerca de 105 comunidades afectadas por el derrame.

Según los representantes de estos organismos, la demanda es contra los ministerios de Energía y Recursos Naturales no Renovables, Ambiente, Salud Pública, y las empresas Petroecuador y OCP.

La noche del 7 de abril pasado, las intensas lluvias provocaron un socavón en la zona de la cascada de San Rafael, por la erosión del cauce del río Coca y se rompieron las tuberías de los oleoductos y del poliducto, lo que ocasionó que el material hidrocarburífero llegara hasta los ríos Coca y Napo.

Andrés Tapia, dirigente de la Confeniae, dijo que el crudo derramado perjudicó a 105 comunidades indígenas y dejó sin la dotación del servicio de agua potable a toda la población de El Coca.

En las poblaciones cercanas a los ríos hasta donde llegó este combustible, indicó, se contaminaron las chacras que son vitales para la alimentación de estas comunidades. “Esto ha producido una severa limitación a la posibilidad de la soberanía alimentaria y al abastecimiento diario. Esto sin mencionar el vínculo cultural que tienen el agua y los ríos con la nacionalidad kichwa”.

El derrame de petróleo dejó sin agua potable a distintas comunidades. Fotos: Cortesía Telmo Ibarburu, enviada por Amazon Frontlines

Lina María Espinosa, representante jurídica de las organizaciones e integrante de Amazon Frontlines, indicó que la acción de protección busca que el Estado y las empresas involucradas asuman la responsabilidad de las afectaciones del derrame.

“El Estado y las petroleras pudieron tomar medidas suficientes y tempranas para evitar y minimizar esos hechos, y no lo hicieron. También debieron haber informado a las comunidades sobre la rotura”.

Carlos Jipa, dirigente de las comunidades kichwas afectadas, se sumó al pedido de reparación por el “daño que se hizo a las comunidades. Necesitamos vivir sanamente sin contaminación, sin que seamos desplazados de nuestros pueblos”.

Tapia agregó que las poblaciones a las que llegaron indicios de contaminación están en una situación de doble vulnerabilidad actualmente, por el riesgo de contagios de coronavirus. “Hay casos confirmados de trabajadores petroleros con casos positivos de covid. Esto afecta a las comunidades indígenas contiguas y pone en una altísima vulnerabilidad de contagio a las comunidades ribereñas”.

Espinosa agregó que están a la espera de que, tras la presentación de esta medida jurídica, se convoque a una audiencia virtual. “Esta es una acción de protección, no busca una compensación monetaria, sino la compensación de los derechos”.