24 de octubre de 2019 00:00

Ecuador no tiene circunscripciones territoriales indígenas definidas

El amazónico Jaime Vargas (centro), presidente de la Conaie, y la cúpula del movimiento indígena, ayer en Quito. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

El amazónico Jaime Vargas (centro), presidente de la Conaie, y la cúpula del movimiento indígena, este miércoles 23 de octubre del 2019 en Quito. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

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Jorge R. Imbaquingo y
Daniel Romero. (I)

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La Constitución del 2008 permitió que el Ecuador sea considerado plurinacional. Uno de los mecanismos de la Carta Política para acelerar este proceso es crear circunscripciones territoriales indígenas, que pueden tener autonomía administrativa y competencias de gobiernos autónomos, como educación, seguridad en coordinación con la Policía y las Fuerza Armadas. Aun así, no hay ningún pueblo indígena ecuatoriano que haya terminado el procedimiento.

Según el subsecretario de Nacionalidades, Pueblos y Movimientos Sociales, Luis Maldonado, hubo cuatro iniciativas de pueblos indígenas para obtener una circunscripción territorial, que legalizaría formalmente el derecho a las tierras ancestrales.

Una de las iniciativas está trabada en el Consejo Nacional Electoral (CNE), para que vaya a consulta popular, y otras tres están en la Corte Constitucional (CC) para su análisis desde el 2012.

Ecuador no tiene circunscripciones territoriales indígenas definidas


Por otra parte, la comunidad de Sarayaku (Pastaza), en el 2012, recibió un veredicto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que reconoció el derecho a que el Estado ecuatoriano respete sus territorios ancestrales, algo que está contemplado en el artículo 57 de la Constitución. Sin embargo, ni en la Constitución ni en el dictamen de la Corte IDH se habla de crear cuerpos de seguridad.

Maldonado dice que “las comunidades, según la situación de inseguridad, constituyen comisiones de vigilancia y seguridad comunitaria, esas comisiones no son permanentes sino temporales”. El artículo 31 del Código Orgánico Territorial dice que los gobiernos autónomos deben “coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos, lo relacionado con la seguridad”. De ahí que las declaraciones del presidente de la Conaie, Jaime Vargas, sobre crear un ejército propio, no cumplen requisitos legales ni constitucionales en el país.

Este miércoles 23 de octubre del 2019, el líder de la Conaie aclaró que cuando habló de la conformación de un ejército se refería a la guardia indígena y no a una estructura con preparación militar ni armamento. Su función -dijo- es la de protección en sus territorios. “En ningún momento, en todas mis expresiones, no he dicho ejército armado, nunca dije ejército subversivo”.

El sábado pasado (19 de octubre), en Macas, dijo: “Vamos a organizar con nuestros excombatientes, tenemos que hacer nuestro propio ejército, que defienda al pueblo, nuestra propia seguridad desde nuestras comunidades”. Por estas declaraciones, la Fiscalía, con base en el artícu­lo 349 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que tipifica a “grupos subversivos”, inició una investigación.

Vargas ha asegurado que la autodeterminación de los pueblos, incluida en el artículo 57 de la Constitución, le da la razón. Ese artículo dice que “se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos”.

Como uno de sus derechos está estipulado “conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social, y de generación y ejercicio de la autoridad, en sus territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias de posesión ancestral”.

Para el constitucionalista Juan Francisco Guerrero, los pueblos y nacionalidades tienen el derecho a la autodeterminación. Sin embargo, este debe armonizarse con la carta política y al resto de derechos que se garantizan en la ley. “No se puede interpretar a la autodeterminación de forma absoluta. Si no, se podrían tener estructuras estatales paralelas y eso no funciona así”.

Guerrero argumenta que solo es facultad del Presidente de la República el decretar un estado de excepción. Esto en referencia a la medida adoptada por la Conaie y con la que se justificó la retención de policías y militares en Imbabura y Cotopaxi, durante el paro.

Jorge Benavides, constitucionalista, concuerda con Guerrero. Señala que el reconocimiento del Estado Plurinacional no otorga facultad para decretar el estado de excepción ni para conformar grupos armados de seguridad.

Vargas, este miércoles aseguró reconocer a las autoridades nacionales. “Los pueblos y nacionalidades reconocemos a las autoridades electas, en especial al Presidente Constitucional”.

Mientras tanto, la Conaie anunció que el diálogo que se inició el 13 de octubre, para elaborar un nuevo decreto que regule las tarifas de los combustibles, está paralizado. Mencionó que han solicitado un tiempo. “No hay ambiente de diálogo. No podemos estar en la mesa mientras nos están persiguiendo”.

Hasta el cierre de esta edición, no finalizaba un Consejo Ampliado en el que definirían si seguían o no en el diálogo.

Desde que se dio la crisis de los 11 días, cuando el movimiento indígena vino a protestar en Quito por el alza de los combustibles, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) ha recurrido al recurso de la autodeterminación de los pueblos, en dos ocasiones.

La primera fue el 5 de octubre pasado, cuando la Conaie declaró estado de excepción en sus territorios. La justificación de esa medida fue “el ejercicio de su derecho a la autodeterminación y su autoridad para la administración de justicia en la jurisdicción de los pueblos y nacionalidades. La segunda fue cuando manifestó su voluntad de crear un ejército comunitario.

En contexto

El movimiento indígena logró que el Gobierno derogara el Decreto 883, que subía el precio de los combustibles. Para definir una focalización del subsidio, ha pedido que se sumen más sectores sociales y económicos a un diálogo con el Gobierno nacional.

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