30 de septiembre de 2019 00:00

16 denuncias vinculadas con el 30-S apuntan a Rafael Correa

Desde la izq: Marcelo Bonifaz, Geovany Laso y Eduardo Mullo, en la zona de la protesta. Foto: Vicente Costales/ EL COMERCIO

Desde la izq: Marcelo Bonifaz, Geovany Laso y Eduardo Mullo, en la zona de la protesta. Foto: Vicente Costales/ EL COMERCIO

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Diego Puente

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Pasó de acusador a principal acusado. Nueve años después de que estallara la insubordinación del 30-S, el expresidente Rafael Correa enfrenta 16 procesos legales. Sobre él pesan quejas por presunto fraude procesal, vulneración de derechos, prevaricato, delito de odio, falsa imputación, etc.

La denuncia más reciente es por lesa humanidad, un delito que no prescribe y está penado con cárcel de 26 a 30 años.

Esta denuncia la presentaron hace 15 días el colectivo Víctimas del 30-S y cuatro policías condenados a 12 años de cárcel por intento de magnicidio.
Pagaron cinco años y hoy están libres tras acceder a la prelibertad. El jueves, tres de ellos estuvieron en la zona en donde se produjera la revuelta policial. Giovany Laso dice que sí estuvo allí, pero que jamás intentó asesinar al Presidente.

Nueve años después de que estallara la insubordinación del 30-S, el expresidente Rafael Correa enfrenta 16 procesos legales. Foto: captura de pantalla

Miembros del colectivo Víctimas del 30-S recordaron lo que ocurrió el pasado 30 de septiembre del 2010, en la insubordinación contra el gobierno de Rafael Correa

Eduardo Mullo asegura que solo pasaba por el sitio, mientras acompañaba a su esposa a una casa de salud, en donde trabaja. Marcelo Bonifaz, en cambio, cuenta que “nunca” estuvo en la manifestación y que se lo vinculó por un video en el que aparentemente se le escucha decir “échale bala, échale bala”, mientras Correa salía del hospital de la Policía.

Los cuatro también presentaron denuncias por presunto fraude procesal en contra del exmandatario. Según el Código Penal (art. 272), este ilícito se configura cuando alguien oculta pruebas, para inducir a engaños a un juez. En la denuncia, los exagentes dicen que no se tomaron en cuenta sus pruebas de descargo.

Ese 30 de septiembre del 2010
hubo ocho muertos y 274 civiles, militares y policías heridos. Desde esa noche, Nelson Puentestar vive con una bala alojada en su abdomen, a un centímetro de la columna.


Cuenta que en ese entonces custodiaba al conductor de un vehículo que había ocasionado un accidente vial con nueve muertos. Al finalizar el turno dejó el hospital en el que se encontraba el detenido y asegura que se trasladó al Regimiento Quito, porque vivía cerca. Una bala le perforó su abdomen, los intestinos y parte del pulmón.

Las pericias dijeron que era munición militar. El pasado martes 24 de septiembre viajó desde Tulcán, en donde hoy vive y cultiva papas, hasta Quito.

En la Asamblea denunció la falta de celeridad en el proceso que planteó por intento de asesinato. La acusación está dirigida contra el expresidente Correa, el exministro de Defensa, Xavier Ponce, y altos mandos militares de entonces.

El expediente ha pasado por seis fiscales y no se identifica a la persona que disparó.

La lista de los militares que participaron en el rescate de Correa, el tipo de armamento que se usó y el informe final de FF.AA. están bajo reserva desde diciembre del 2010.

La Mesa por la Verdad y Justicia, que investiga la supuesta persecución correísta, advierte que esta información es importante para continuar con las investigaciones judiciales.

A este colectivo llegaron 125 casos relacionados con el 30-S, que tendrían vicios de nulidad o en los que se evidenciaría una supuesta intromisión del Ejecutivo en la justicia.

El colectivo relaciona el presunto delito de fraude procesal del 30-S con el caso Sobornos 2012-2016, en el que también es investigado el exmandatario.

Para el presidente de la Mesa, Paúl Jácome, los casos eran controlados desde la Presidencia. En los correos electrónicos de la exasistente de Presidencia, Laura Terán, que son parte de las investigaciones de Sobornos, se encontraron pistas de cómo 23 procesos relacionados con la insubordinación eran seguidos desde una oficina privada, en Quito.

Ahí aparecen, por ejemplo, comunicaciones con información del juicio en contra del mayor (r) Fidel Araujo, acusado de incitación a la rebelión.
El 28 de agosto de 2012, la exasesora de Correa Pamela Martínez recibió un reporte en el que le informaban que los jueces negaron un recurso a Araujo.

“Por las gestiones realizadas en la Secretaría de la Sala, hoy se nos ha confirmado que se despachará este último pedido, negándose por improcedente” indica el correo.

El viernes, Araujo caminó desde la casa de su madre, en el sector de La Granja, hasta el Regimiento Quito. Mientras lo hacía, recreó su participación en la revuelta policial. Reconoce que fue una imprudencia estar ahí y que no cometió delito. 

Él estuvo preso seis meses y fue condenado en primera instancia a seis años de cárcel.

Recibió el indulto del expresidente sin haberlo solicitado. Hoy busca justicia por “el tiempo que fue perseguido”.

Hace dos semanas se reunió con la fiscal Diana Salazar para evitar que prescriba el delito de prevaricato en contra de los servidores judiciales que actuaron en su caso.

El objetivo de Araujo es que se establezcan otros delitos para involucrar al expresidente Correa en las investigaciones.

Otro caso que fue vigilado desde el despacho de Martínez fue el de Mery Zamora, exdirigente de la UNE. En junio de 2013 fue condenada a ocho años de prisión por el delito de sabotaje y terrorismo. En el 2018, ella presentó cuatro procesos en contra del exmandatario y exministros. El mes pasado pidió que los correos de Martínez entren a un peritaje.

Entre los delitos que denuncia está el de incitación al odio, penado con cárcel de hasta tres años (art. 177 del COIP).

Otros dos procesados optaron por la vía internacional. El coronel (r) Rolando Tapia presentó la demanda contra la Comisión Interamericana de DD.HH. (CIDH) en 2013 en contra del Estado. Ese proceso ya fue calificado, pero no ha tenido más avances.

El también coronel (r) y hoy legislador César Carrión acudió al ente internacional y demandó directamente al expresidente Correa y a los ministros que durante los hechos del 30-S estuvieron a cargo de la seguridad del Estado.

Los hechos

30/09/2010
La revuelta policial comenzó en el Regimiento Quito N° 1. También hubo protestas en la antigua Base Aérea y en las afueras del Ministerio de Defensa, en La Recoleta.

10/06/2014
Una investigación realizada por la Comisión 30-S, creada por Rafael Correa, concluyó que ese 30 de septiembre del 2010 sí se produjo un intento de Golpe de Estado.

12/01/2015
Ernesto González, exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, señaló que el presidente Rafael Correa no estuvo secuestrado el 30-S sino retenido.

19/09/2018
La Fiscalía realizó la reconstrucción de los hechos. Se trató de recabar datos sobre las circunstancias en las que murió Froilán Jiménez. Su caso volvió a cero en julio pasado.

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