11 de abril de 2019 19:56

Defensoría del Pueblo expresa preocupación por la decisión del Estado ecuatoriano en el tema Assange

Varios periodistas se agolpan alrededor de un vehículo a su llegada al Tribunal de Westminster, este jueves, en Londres (Reino Unido). El arresto este jueves del fundador del portal WikiLeaks, Julian Assange, respondió a una petición de extradición de EE.

Varios periodistas se agolpan alrededor de un vehículo a su llegada al Tribunal de Westminster, en Londres (Reino Unido). El arresto del fundador del portal WikiLeaks, Julian Assange, respondió a una petición de extradición de EE.UU., así como al hecho de haber violado las condiciones de libertad condicional en 2012, informó Scotland Yard. Foto: EFE

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Daniel Romero
Redactor (I)

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Con la decisión del Gobierno ecuatoriano de retirar la nacionalidad y el asilo político a Julian Assange, la Defensoría del Pueblo de Ecuador dice que se limitaron los derechos a la nacionalidad, asilo, el principio de no devolución y las garantías del debido proceso.

Con base en esas limitaciones, esa entidad manifestó su “profunda preocupación ante la decisión adoptada por el Estado ecuatoriano”.

En el texto se explica que, si bien el Ministro de Relaciones Exteriores, José Valencia, fundamenta la decisión en el principio de soberanía estatal, “es importante señalar que la soberanía no es absoluta cuando se pone en riesgo derechos humanos, pues precisamente éstos limitan su alcance”.

Sobre la naturalización otorgada por el Ecuador y que al momento está suspendida, la Defensoría del Pueblo señala que, de acuerdo con la Constitución, “la decisión deberá ser motivada; para su declaratoria se deberá seguir el debido proceso y será notificada a las autoridades correspondientes.” Añade que en el caso de Assange no se ha determinado con claridad si se cumplió con este procedimiento.

También cita lo determinado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el retiro de la nacionalidad y las garantías del debido proceso. Entre ellas se plantea la notificación previa del proceso, tener audiencia para la determinación de los derechos en juego y el derecho de ser asistido jurídicamente, entre otros.

Benavides señala en el comunicado que de verificarse el incumplimiento de estas garantías por parte del Estado ecuatoriano, y adicionalmente haberse producido la entrega de Julian Assange a las autoridades policiales de Reino Unido, se habría incurrido en una extradición de facto.

La Defensoría del Pueblo hizo un llamado “al Estado y a la sociedad ecuatoriana para reafirmarse en los principios de solidaridad, acogida y respeto a los derechos humanos, manteniendo la larga y reconocida tradición de asilo y de respeto a los principios constitucionales en materia de movilidad humana”.

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