Cpccs transitorio inicia evaluación a la Corte Constitucional y le envía una advertencia
Julio César Trujillo preside el Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO
En la sesión del Consejo de Participación (Cpccs) transitorio, Xavier Zavala Egas se opuso dos veces a sus compañeros. Además de su abstención en la aprobación del mandato para selección de autoridades, el consejero voto en contra de la resolución de inicio de la evaluación a la Corte Constitucional (CC).
Zavala envió la argumentación de su voto negativo por escrito. El consejero expuso que no está de acuerdo con evaluar a la CC, porque desde su interpretación de la norma, el Cpccs no es la autoridad nominadora de los jueces.
Este miércoles, 9 de mayo de 2018, la entidad transitoria dispuso el arranque de la evaluación al órgano jurisdiccional, con base a lo aprobado en el referendo del 4 de febrero. En esos comicios se dio esa atribución al Consejo y se añadió que, en caso de que la evaluación sea negativa, podrá cesar a los funcionarios.
En este caso la evaluación es para los nueve jueces de la CC: Roxana Silva, Pamela Loaiza, Francisco Butiñá, Wendy Molina, Tatiana Ordeñana, Marien Segura, Ruth Seni, Alfredo Ruiz Guzmán y Manuel Viteri Olvera.
El Cpccs dispuso a los jueces la entrega de un informe de gestión de sus actividades, desde el día en que se posesionaron. Tienen siete días, desde que sean notificados, para presentarlo. En el mismo plazo, Ruiz, como presidente de la CC, debe presentar un informe general de la Corte. Mientras que la ciudadanía tiene cinco días para presentar sus denuncias, quejas y reclamos sobre esta entidad.
Pero, en la resolución se agregó un artículo para “prevenir” a la Corte que si toma decisiones o emite dictámenes que obstaculicen el trabajo del Consejo transitorio se considerará el desacato de los jueces a la evaluación y el Cpccs estaría habilitado para cesarlos por incumplimiento de funciones.
Ante la Corte se han presentado dos recursos en contra de la evaluación del Transitorio. Una demanda de inconstitucionalidad por el caso del Consejo Nacional Electoral. Y un pedido de interpretación por la suspensión de concursos de fiscales, por el proceso al Consejo de la Judicatura.
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