Edificio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en la av. 10 de Agosto en el norte de Quito. Foto: Archivo/EL COMERCIO
El presidente de la República, Rafael Correa, envío el ejecútese al proyecto de Ley de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo No Remunerado del Hogar, que elimina el aporte fijo del Estado para el pago de pensiones en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
Aunque el Ejecutivo tenía 30 días para pronunciarse sobre el proyecto de Ley, que se aprobó el martes pasado, le tomó menos de tres días allanarse a los textos. El proyecto de Ley contempla varias reformas en materia laboral y a la seguridad social, sin embargo, el cambio más polémico es la supresión del aporte fijo estatal del 40% para el pago de pensiones.
En lugar de esto, el proyecto de Ley propone un artículo general que si bien dice que el Estado garantizará las pensiones “cuando haga falta” no dice en cuánto ni cómo lo hará.
Esa llamada “garantía” del Estado no sería suficiente para dar sostenibilidad al sistema, según jubilados, expertos y asambleístas.
A más de la eliminación del 40% del aporte estatal para el pago de las pensiones jubilares, la Ley aprobada hoy por el Ejecutivo aclara que las pensiones del IESS no subirán anualmente más allá de la inflación, pues antes se subían hasta el 16, 16%.
Otros temas polémicos
Existen otros cuatro temas que han generado debate en el proyecto de Ley de Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo No Remunerado del Hogar. Uno de ellos es el techo para las utilidades de los trabajadores.
El artículo 15 de la norma establece que el tope es de 24 salarios básicos unificados (en el 2015 es de USD 8 496). La cantidad se fijó para limitar este beneficio a los trabajadores de las empresas telefónicas, quienes han cuestionado este punto porque significa una pérdida de sus derechos.
Otro es la eliminación del contrato de trabajo a plazo fijo. Ahora solo habrá un periodo de prueba de 90 días y luego se convertirá en contrato indefinido. Antes se permitía un contrato a plazo de un año, renovable por otro período similar.
El establecimiento de las brechas salariales también fue cuestionado durante el debate del proyecto en la Asamblea. Con la Ley aprobada, el Ministerio de Trabajo fijará los límites para las remuneraciones de gerentes o altos directivos.
La Ley también crea una pensión jubilar para las amas de casa, quienes aportarán en función de los ingresos del hogar y recibirán un subsidio del Estado, de acuerdo a una tabla que no consta en la Ley.
Las amas de casa solo recibirán una pensión jubilar, pero no tendrán derecho a recibir atención médica en los hospitales del IESS, ni otros beneficios del seguro social.
Fuentes internas del Ejecutivo confirmaron esta acción y que el documento será enviado al Registro Oficial.