En la población de San Gerardo no se habla sobre la minería para evitar conflictos. Foto: Xavier Caivinagua para EL COMERCIO
En la parroquia azuaya de San Gerardo, las calles lucen vacías. No hay publicidad electoral ni a favor ni en contra de la minería, como ocurría hasta hace un año.
San Gerardo, La Asunción y la cabecera cantonal de Girón están ubicadas en el área de influencia directa del proyecto minero Loma Larga, que está a cargo de la canadiense INV Minerals.
En esos poblados, el 24 de marzo se efectuará una consulta popular. A los 15 363 electores se les consultará: “¿Está usted de acuerdo que se realicen actividades mineras en páramos y fuentes de agua del Sistema Hidrológico de Quimsacocha?”.
Este proceso se efectuará a la par de los comicios seccionales y de la elección de consejeros del Consejo de Participación (Cpccs). En 46 juntas receptoras del voto, al electorado se le entregará una papeleta adicional.
Esta consulta costará USD 34 594. Diana Atamaint, presidenta del CNE, visitó el fin de semana la Delegación de Azuay para dar seguimiento al proceso eleccionario.
El sistema hídrico de Quimsacocha es un humedal ubicado a más de 3 600 metros sobre el nivel del mar. Desde hace más de 20 años hay una polémica en la zona porque el Estado entregó una concesión para la extracción de oro, plata y cobre. En el momento, la minera está en la etapa de prospección.
La consulta popular fue pedida en marzo del 2012 por la Unión de Sistemas Comunitarios de Agua de Girón, que es filial de la Federación de Organización Campesinas, la Ecuarunari y la Conaie.
En agosto del 2015, el Consejo Nacional Electoral (CNE) calificó 1 571 firmas presentadas y el proceso pasó a la Corte Constitucional (CC). El pasado 19 de noviembre, el CNE transitorio aprobó un informe para que se realizara la consulta.
Durante este tiempo se registraron múltiples enfrentamientos, detenciones y heridos entre la población y la fuerza pública.
Hasta hace un año, la mayoría de balcones y de ventanas de las viviendas de la parroquia San Gerardo y del centro de Girón exhibían carteles con frases a favor o en contra de la minería. Esa tensión ha bajado.
Ahora, los gironenses prefieren no hablar del tema para evitar confrontaciones. “En las urnas -con este mismo silencio- daremos nuestro voto”, dijo María Pauta, quien se dedica a la agricultura en San Gerardo.
Para el presidente del Gobierno Parroquial de San Gerardo, Víctor Barreto, no existe división. Según él, los electores aprobarán la actividad minera porque ha traído fuentes de trabajo y obras.
Barreto, quien está afiliado a Alianza País, se refiere a la construcción del centro de salud, sistemas de agua potable y alcantarillado y adoquinado de las calles céntricas. Esos trabajos fueron ejecutados por Ecuador Estratégico, con las regalías anticipadas.
De acuerdo con el Centro de Información y Difusión Minera de INV Minerals, 20 comuneros laboran en las tareas de exploración. Además, desde el 2004 realizaron talleres de capacitación y formación con 31 organizaciones de emprendedoras.
Barreto no está de acuerdo con la convocatoria a la consulta popular. “El CNE se abrogó funciones de los jueces de la Corte Constitucional”.
Ese mismo criterio tiene Jorge Barreno, gerente de INV Minerals Ecuador. “Esto recién empieza. Queda un largo camino para hacer cumplir la ley, sin descartar una demanda internacional”.
Este tema preocupa a Patricio Vargas, presidente de la Cámara de Minería del Azuay, quien considera que de ganar el no, el Estado deberá pagar una cuantiosa indemnización. Voceros de INV aseguraron que se ha invertido más de USD 70 millones en los trabajos técnicos, mejoramiento ambiental, relacionamiento comunitario, pago de impuestos y compra de servicios.
La consulta popular estará a cargo de la delegación del CNE de Azuay. De acuerdo con el Plan Operativo, hasta mañana se receptarán las inscripciones de las propuestas por el sí o por el no. La campaña electoral empezará este domingo y finalizará el 21 de marzo.
Al menos cuatro organizaciones sociales anunciaron su participación por el no a la minería. Entre otros, la Unión de Sistemas de Agua, la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas de Azuay y la Ecuarunari. Además, nueve de los 11 candidatos a la Prefectura de Azuay anunciaron que harán campaña por el no.
En cambio, la minera INV y la Junta Parroquial de San Gerardo proponen diálogos y visitas puerta a puerta para promocionar el sí. Este gobierno parroquial también emitió un manifiesto de respaldo a la minería y rechaza la presencia de personas ajenas al territorio que lleguen para hacer campaña.
Hay siete candidatos a la Alcaldía de Girón, pero solo Jorge Duque -de Movimiento Unidad Progreso y Democracia- se opone a la explotación minera “porque contaminará el agua de Quimsacocha, que alimenta a los sistemas de agua que benefician a 2 500 familias”.
En los partidos políticos hay división. Eso ocurre, por ejemplo, en la alianza Participa-Juntos Podemos. Martha Jiménez, candidata a la Alcaldía de Girón, está en contra; mientras que la aspirante a edil rural, Karla Ordóñez, apoya el sí.