10 de septiembre de 2018 00:00

Chillanes carecía de servicios antes del sismo del jueves 6 de septiembre

Familias damnificadas por el temblor acampan en refugios improvisados en el exterior de sus viviendas. Foto: Glenda Giacometti / EL COMERCIO

Familias damnificadas por el temblor acampan en refugios improvisados en el exterior de sus viviendas. Foto: Glenda Giacometti / EL COMERCIO

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Cristina Márquez

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Un momento de silencio precedió al movimiento telúrico más fuerte del último siglo sentido en Chimborazo y Bolívar. El remezón destruyó totalmente al menos 20 casas en Chillanes y cinco en Chunchi, además dejó con afectaciones entre leves y moderadas a otras 192 viviendas en cuatro cantones, sin contar los daños a infraestructuras públicas como escuelas y hospitales.

Esta cifra podría incrementarse en los próximos días. Los técnicos de la Secretaría de Gestión de Riesgos continúan inspeccionando las comunidades y caseríos más distantes para determinar si existen más afectados, por lo que los saldos totales y costos del sismo de 6.5 grados en escala de Richter, que sacudió a todo el país la noche del jueves, aún se desconocen.

Chillanes es el cantón más afectado por el movimiento telúrico. En ese pequeño poblado hay 210 comunidades y una parroquia rural. Allí la gente depende en su mayoría de la siembra de maíz y fréjol.

Debido a que el último censo reveló que el 84,45% de la población no cuenta con los servicios básicos, se considera uno de los cantones más pobres del país. La mayoría de las viviendas son precarias, algunas están construidas con bloques y otras son de bahareque y cimientos de madera.

“Esa es la razón por la que hay una gran cantidad de casas totalmente caídas. La construcción aquí se hace a medida de las posibilidades de la gente”, explica Vanesa Espinoza, concejala de ese cantón situado en el sur de Bolívar, a 45 kilómetros del epicentro del sismo, (Cumandá, Chimborazo).

En la zona rural de Chillanes, las familias con viviendas afectadas viven un drama. Hasta el mediodía del sábado no recibían la visita de los técnicos de la SGR ni ningún tipo de ayuda humanitaria.

Algunos improvisaron pequeños refugios con plásticos, colchones, sombrillas y cobijas. Los colocaron en los exteriores de sus casas que están a punto de colapsar.

Otros armaron por su cuenta refugios comunitarios en escuelas y espacios abiertos, buscaron familias acogientes o duermen en el interior de sus vehículos con sus niños.

La casa de Magdalena Cevallos, en la comunidad Picay Rumipamba, a 30 minutos de la cabecera cantonal, está destruida y los técnicos municipales que la visitaron le dijeron que ya no era seguro permanecer ahí.

La mujer de 60 años recibió un golpe en pecho cuando un bloque se desprendió de la pared, pero no pudo llegar al hospital por la falta de transporte. Ella lloraba y se abrazaba con su hijo Álvaro, mientras buscaba entre los escombros de la casa algo de la comida que almacenaba en la cocina.
“Esta casa es todo lo que teníamos. La hicimos hace siete años con el dinero que habíamos ahorrado durante mucho tiempo”, cuenta Cevallos.

Según el alcalde Luis Montero, la razón por la que la cuantificación de daños tarda tanto se debe a la lejanía de las comunidades. “Todas las comunidades y recintos están dispersos. Tenemos solo cuatro técnicos para hacer la evaluación”.

El viceministro de la SGR, Leonardo Espinoza, arribó el sábado 8 de septiembre del 2018 a Chillanes junto con un equipo. Ellos identificaron 189 viviendas afectadas, mientras que el Comité de Operaciones en Emergencias recibió reportes de 241 casas con afectaciones entre leves, moderadas y graves.

“Necesitamos hacer un censo social para poder llegar a todos los sitios afectados. Le pedimos a la gente un poco de paciencia; todos recibirán ayuda y serán visitados”, dijo Espinoza durante la reunión del COE.
Entre tanto, en Chimborazo las 28 viviendas con daños estructurales ya fueron evaluadas. Cinco de ellas serán demolidas en las próximas semanas, debido a que no son aptas para la habitabilidad.

La casa de Ruth Paredes, en Joyagshi, en Chunchi, es una de las que serán demolidas. Allí vivía junto a cinco miembros de su familia.

Mientras avanzan las reparaciones, se alojará con su madre. “Perdimos la casa en cuestión de minutos. Estamos agradecidos por seguir vivos, pero estamos viviendo el momento más duro de nuestras vidas”, cuenta Paredes, de 49 años.

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