Censura velada
Resultaría inoficioso oponerse a la creación de una Ley de Comunicación si la intención de los legisladores y del Gobierno solamente tuviera como propósito actualizar el marco legal respecto del derecho de los ciudadanos a la información o de cumplir el mandato constitucional que dispone la estructuración de esa normativa.
Pero, como cada vez queda más claro que las intenciones oficiales al proponer la Ley van mucho más allá de cumplir esos objetivos y tienen como propósito real lograr el control de los contenidos mediáticos e intimidar al periodismo crítico e investigativo, es urgente dar una voz de alerta frente a la inminencia de su aprobación.
Las intenciones evidentemente punitivas de los últimos cambios realizados al proyecto quedan al descubierto cuando los mismos proponentes no se sustentan en argumentos sólidos, legales y éticos para crear un conjunto de sanciones administrativas contra los periodistas y los medios.
Si se une la idea de la responsabilidad ulterior al planteamiento de que las sanciones sean aplicadas por un consejo regulador integrado en su mayoría por funcionarios afines al Gobierno de turno, más otras acciones paralelas que ya se están ejecutando en contra de los medios privados, es evidente que se volverá muy complejo el futuro de la prensa no adicta al Régimen.
La esencia de la democracia es la libre deliberación ciudadana sobre la base de una información abierta, transparente y plural. Restringir, intimidar y criminalizar, por fuera de los cauces legales normales, a quienes tienen el deber de entregar al público esa información tiene mucho que ver con un grave retroceso en el respeto a los más elementales derechos democráticos.
