15 de octubre de 2019 10:31

El Gobierno prevé presentar el nuevo Decreto sobre subsidio a combustibles en esta semana

José Agusto Briones, secretario General de la Presidencia, prevé que el Gobierno suscriba el nuevo decreto que sustituirá al 883 "durante esta semana". Foto: Archivo/ EL COMERCIO

José Agusto Briones, secretario General de la Presidencia, prevé que el Gobierno suscriba el nuevo decreto que sustituirá al 883 "durante esta semana". Foto: Cortesía Asamblea

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Andrés García
Redactor (I)

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El Secretario General de la Presidencia, José Agusto Briones, prevé que el Ejecutivo suscriba un nuevo Decreto relacionado a la focalización y racionalización del subsidio a los combustibles “durante esta semana”. Este documento sustituirá al Decreto 883, que liberó el precio de las gasolinas, pero que ya fue derogado por el presidente Lenín Moreno.

Este martes, 15 de octubre del 2019, Agusto ofreció una serie de entrevistas radiales y televisivas, en las que aseguró que de los aproximadamente USD 1 400 millones que el Estado destina para el subsidio a los combustibles cada año, “por encima del 40%” se desvía para fines ilícitos, como el contrabando y el narcotráfico.

Según el funcionario, el Jefe de Estado ecuatoriano “optó por la paz”. Lo dijo, en referencia a la decisión de dejar sin efecto el Decreto 883 y conformar grupos de trabajo, con la mediación de la ONU y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, para elaborar un nuevo documento que “blinde a quienes menos tienen”.

El Secretario, además, se refirió a las manifestaciones y paralizaciones que afectaron durante 11 días al país. Insistió en que hubo un “ataque desestabilizador” y adelantó que las autoridades tienen a los responsables identificados.

Asimismo, hizo referencia a la decisión del Gobierno de México, que dio protección en su embajada en Quito a tres asambleístas, dos de ellos con su cónyuge, y a un procurador síndico de la Prefectura de Pichincha, todos vinculados al correísmo.

Según Agusto, la Cancillería está usando todos los canales diplomáticos para que el Gobierno de ese país “sepa y reconozca que no son perseguidos políticos”.

El funcionario también reveló que el Gobierno analiza dos opciones de edificios, para que la Contraloría General del Estado pueda reanudar su tarea. Agusto señaló que los peritajes efectuados en la sede del organismo, que fue incendiada el sábado 13 de octubre, darían cuenta de “un plan determinado para debilitar la estructura”.

Agusto apuntó que una de las unidades quemadas fue las de cauciones y determinación de responsabilidades. Sin embargo, aclaró que mucha de la información se encuentra “respaldada mediante sistemas informáticos y también en las entidades auditadas”.

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