11 de julio de 2020 15:30

Banda cobraba ilegalmente bonos solidarios; habría operado durante más de un año

Una organización delictiva cobraba de manera ilegal los bonos sociales que entrega el Gobierno. La madrugada de este sábado 11 de julio del 2020 terminó la audiencia de formulación de cargos. Uno de los sospechosos laboraba en una agencia bancaria. Foto:

Una organización delictiva cobraba de manera ilegal los bonos sociales que entrega el Gobierno. La madrugada de este sábado 11 de julio del 2020 terminó la audiencia de formulación de cargos. Uno de los sospechosos laboraba en una agencia bancaria. Foto: Fiscalía General del Estado

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Diego Puente

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Cinco personas enfrentan un proceso legal por los delitos de enriquecimiento privado no justificado y apropiación fraudulenta por medios electrónicos. La Fiscalía los acusa de pertenecer a una organización delictiva que cobraba de manera ilegal los bonos sociales que entrega el Gobierno.

La madrugada de este sábado 11 de julio del 2020 terminó la audiencia de formulación de cargos. Ahí, el fiscal de Pedro Vicente Maldonado (al noroeste de Quito), Hugo Pérez, detalló que uno de los sospechosos laboraba en una agencia bancaria. Él identificaba a los beneficiarios que no habían retirado estos bonos por más de cinco meses debido a viajes o muertes.

Luego, entregaban la información a los otros procesados sobre el monto, el tipo de bono del que eran beneficiarios quienes no cobraban. Las ayudas financieras por cada caso oscilaban entre USD 200, 96 y 80 dólares.

Los otros miembros de la banda coordinaban para retirar el dinero en los denominados bancos del barrio. Así, solo daban el número de cédula, sin presentar el documento, para retirar los montos.

Según la Fiscalía, los sospechosos habían retirado entre USD 1 000 y USD 2 000 cada dos días debido a la cantidad de personas por las que se hacían pasar. Las actividades delictivas las habrían iniciado hace más de un año.

En el allanamiento que se hizo para detenerlos, la Policía incautó de USD 5 000 en efectivo y tres vehículos. Cuatro de los procesados guarda prisión preventiva. Otro debe presentarse ante un juez cada semana.

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