28 de June de 2009 00:00

La audiencia preliminar en caso Chauvín, sin fecha

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Redacción Judicial

El hábeas corpus que favoreció y ordenó al excarcelación de Ignacio Chauvín no cambia el proceso penal en su contra. Eso lo reconoce uno de sus abogados, Ramiro Román, quien asegura que el juicio deberá seguir su trámite normal, luego de que salga de su celda del penal García Moreno de Quito.

Chauvín, quien se desempeñó como  subsecretario   del Ministerio de Gobierno, es procesado en un juicio por supuesto  narcotráfico. Para la Fiscalía de Antinarcóticos, él  es cómplice de una red que negociaba drogas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a Estados Unidos  y México. Esa organización delictiva -dice la Policía- estaba liderada por los hermanos Jefferson Ostaiza, prófugo de la Justicia, Édison y Miguel Ostaiza, detenidos en la Penitenciaría de Guayaquil.

Sus acciones ilegales fueron descubiertas en dos operativos policiales, llamados Huracán Verde y Huracán de la Frontera. Estos fueron  ejecutados en 2007 y 2008, en varias provincias del país, especialmente en Esmeraldas y Santo Domingos de los Tsáchilas.  “Al recuperar su libertad Ignacio Chauvín no evadirá el juicio”, sostiene su abogado Román. Por ello,  pide que se convoque a la audiencia preliminar, que determinará si se formaliza el juicio penal contra su cliente.

El proceso está en manos de la jueza Cuarta de Garantías Penales de Guayas, Zoila Alvarado. Ella todavía no convoca a la audiencia preliminar  en el proceso por drogas  y el tiempo corre en su contra.

El Código de Procedimiento Penal establece que esa diligencia debe ejecutarse pocas horas después de que el Ministerio Público entregue su dictamen. El fiscal investigador del caso, Jorge Solórzano, presentó ese escrito en abril pasado. Allí mostró todos los argumentos por los cuales se acusa al ex funcionario estatal.

Para Román, la jueza ha violado  los tiempos determinados en la Ley y eso perjudica a su cliente. Incluso, Chauvín consiguió su libertad, porque la Primera Sala de lo Civil de la Corte Provincial  de Guayas consideró que su detención se cumplió después del plazo establecido. Además, manifestó que  la Fiscalía no respetó los tiempos legales para incluirlo en el proceso penal, específicamente en la etapa de instrucción, que es la antesala al juicio formal.

El incumplimiento de esos plazos pudiera ser usado por los  procesados  para anular el juicio, aunque el retardo se deba a los recursos jurídicos que ellos plantearon y que dilató el trámite normal del proceso. Por ejemplo, primero se pidió que el juicio sea conocido por un juez de Esmeraldas, donde se decomisó la droga de la supuesta organización delictiva.

También, se acusó a la jueza Alvarado de prevaricato e incluso se inició  un investigación en su contra. Asimismo, se solicitó la aclaración y ampliación de los pronunciamientos de la judicial y del fiscal Solórzano.

Precisamente, el viernes pasado la jueza Alvarado acudió a la Fiscalía para rendir su versión en el proceso penal en su contra.
La diligencia fue  reservada, pero trascendió que Alvarado no  respondió las preguntas del  Fiscal, ni de la defensa de Chauvín.

Para Román, el planteamiento de los recursos, en representación de su defendido, no fue ilegal. “No se ha violado la ley, la jueza ha dilatado el juicio”.
Por eso, el abogado pide que se convoque a la audiencia preliminar e insiste que la liberación de Chauvín, que posiblemente se concrete mañana, no se convertirá en un puente para que esquive a  la Justicia.

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