Asociaciones público-privadas ganan fuerza con proyecto de ley

El año pasado, el Gobierno presentó el portafolio de inversiones del sector público en el evento Ecuador Open for Business. Foto: Archivo EL COMERCIO

Con el proyecto de Ley Orgánica para la Atracción de Inversiones, Fortalecimiento del Mercado de Valores y Transformación Digital, el Gobierno busca atraer nuevos recursos para la generación de plazas de empleo.


El proyecto de ley, que fue entregado esta semana a la Asamblea, tiene tres ejes principales.


En primer lugar, se plantea una nueva normativa para Asociaciones Público-Privadas (APP). Luego, una nueva regulación para el incentivo de Zonas Francas y Zonas Especiales de Desarrollo Económico, y una reforma al  sistema actual del mercado de valores.


En  el documento también hay reformas a otros cuerpos legales como la Ley de Compañías o de la Contraloría General del Estado. 


Según el Gobierno,  se requieren cambios porque las normativas actuales impiden, dificultan o desalientan la transformación digital o hay regulaciones inconvenientes, que han limitado  la inversión.


Para Pablo Zambrano, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador,  la reforma es importante porque uno de sus objetivos es brindar seguridad jurídica, principalmente, para las inversiones a largo plazo que se buscan alcanzar. 


En las reformas al mercado de valores, Fernando Simó, presidente de la Asociación de Casas de Valores del Ecuador (Asocaval), dijo que hay aportes  positivos como la composición accionaria, para que exista un trabajo conjunto entre las bolsas de valores existentes. 


No obstante, afirmó que se requieren mayores reformas con aporte de las casas de valores, para lograr el objetivo de expansión y fortalecimiento de este sector. 


Este proyecto es de carácter económico urgente, es decir, deberá ser tratado por el Legislativo en 30 días, a partir de su presentación.


Nuevo esquema normativo para las asociaciones público-privadas


El proyecto de ley replantea el esquema normativo para las Asociaciones Público-Privadas (APP) que actualmente existe. 
La simplificación  de los procesos para la estructuración y delegación de proyectos APP es parte de las reformas. El objetivo es reducir eso de 20 a 14 pasos. 
Con las reformas se detallan diversos mecanismos para las APP como concesiones, contratos de participación, delegaciones, entre otros, para que estos se puedan aplicar en obras y proyectos de diversa magnitud, así como en distintos sectores públicos.


Para el sector industrial, las reformas ayudarán a que el Gobierno encuentre financiamiento en el sector privado para la ejecución de proyectos y obras públicas, concesiones de servicios públicos, entre otros. 
La Cámara de Industriales destacó que con la figura de las APP, el Estado mantiene la propiedad del activo y reduce el riesgo de inversión, a diferencia de una privatización donde se pierde potestad en la gestión.

Incentivos para zonas francas y Zonas Especiales de Desarrollo Económico


El Gobierno podrá autorizar el establecimiento de estos regímenes aduaneros para atraer nuevas inversiones. Ahora se encuentra vigente el esquema bajo Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDE). 
Para estos destinos  se plantean incentivos como la exoneración total del Impuesto a la Renta por 10 años y, luego de ese período, una reducción de 10 puntos porcentuales en el pago de este tributo y exoneración total del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD).
También  tarifa cero de Impuesto al Valor Agregado (IVA) para la compra de insumos y de maquinarias y la reducción de tributos al comercio exterior, como aranceles a los insumos y maquinarias para la producción de bienes o de servicios para la exportación.


Esta es una oportunidad para  que también “se pueda igualar las condiciones de los exportadores actuales, que seguirán pagando impuestos, en una política comercial equivalente”, acotó Xavier Rosero, vicepresidente ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor).

Fortalecimiento del control del mercado bursátil


Con el proyecto  se especifican los alcances del mercado de valores, tanto en el mercado bursátil, extrabursátil y privado. 
En el mercado extrabursátil se establece que su operación se puede realizar con o sin la intervención de un intermediario, como las casas de valores.

Para Fernando Simó, presidente de Asocaval, es necesaria la obligatoriedad de la intermediación para generar confianza y transparencia en el sector. 
Uno de los  mecanismos que plantea la iniciativa legal para fortalecer el control al mercado de valores es la reorganización de las funciones de control.

En este caso la supervisión del sector de seguros pasará a la Superintendencia de Bancos, como era en el pasado. Mientras tanto, la Superintendencia de Compañías mantendrá las funciones de control a las empresas y al sector de valores.
Además, la Junta de Política y Regulación Financiera será el organismo encargado de regular el funcionamiento del mercado de valores. No se plantea un organismo único de control de este sector.

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