En la Asamblea, rectores hablaron sobre reducción del presupuesto a universidades

La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional se reunió la tarde de este lunes 12 de noviembre del 2018. Foto: Daniela Cevallos / EL COMERCIO

La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional se reunió la tarde de este lunes 12 de noviembre del 2018. Foto: Daniela Cevallos / EL COMERCIO

La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional se reunió la tarde de este lunes 12 de noviembre del 2018. Foto: Daniela Cevallos / EL COMERCIO

Rectores del sistema público de educación superior expusieron su preocupación en torno a la reducción del presupuesto a las universidades públicas. Esto ocurrió en la sesión de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, la tarde de este lunes 12 de noviembre del 2018.

El monto del presupuesto pasó de USD 1 443,04 millones, en septiembre del 2018, a USD 1 297,91 para el próximo año en la Pro forma presupuestaria. Es decir, USD 145,1 millones menos, el recorte alcanza el 10%.

Tres son las principales preocupaciones: reducción del presupuesto, asignación tardía de los rubros y el no cumplimiento de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES).

La demanda de estudiantes cada periodo requiere de talento humano, tecnología e infraestructura, eso se verá afectado por la falta de recursos, apuntó Jaime Calderón, rector de la Escuela Politécnica Nacional (EPN). Asimismo la ejecución de investigaciones y proyectos.

Señaló que este recorte afectará a la autonomía de las universidades garantizado en el artículo 355 de la Constitución.

Para Pablo Vanegas, rector de la Universidad de Cuenca, la reducción no solo afectará a los proyectos de infraestructura e implementación de laboratorios y aulas para la demanda estudiantil sino que también podría afectar a la operación misma de las universidades.

Además de la reducción, Vanegas se refirió a otros problemas como la demora en la ejecución de propuestas planteadas en la reforma a la LOES como la generación de un sistema especial de contratación para universidades o la habilitación de cuentas recolectoras para destinar rubros de autogestión, limitantes para operar proyectos.

La subejecución es otro inconveniente que observaron los rectores. Añadieron que el dinero que se debería asignar entre los primeros meses del año se lo hace entre septiembre y noviembre. “Eso hace imposible gestionar y ejecutar el presupuesto porque es demasiado tarde” añadió Vanegas. Piden que eso se solucione.

Otro punto que se destacó es que las demandas del Estado han sido enfocadas en ampliar cupos, carreras y modalidades, “en la actualidad eso es difícil, peor aún con la aprobación de esa Pro forma”, apuntó Byron Vaca, rector de la Escuela Politécnica de Chimborazo. Esa universidad, por ejemplo, recibió para este periodo a 6 000 nuevos estudiantes.

Silvia Salgado, presidenta de la comisión de Educación, señaló que esta reducción no ayudará a cumplir lo establecido en la LOES respecto a ampliar la cobertura, generar nuevas modalidades y reforzar, incluso, la educación técnica y tecnológica.

También sostuvo que hay preocupación porque el incremento del pago a profesores no está contemplado.

En la Comisión de Desarrollo Económico se resolvió trabajar en conjunto con la Mesa de Educación, para generar un informe con recomendaciones y propuestas a la Pro forma presupuestaria, para evitar esta reducción. Se estableció que hasta el miércoles 14 de noviembre deberá estar listo. Para su construcción se recogerán propuestas de rectores de universidades y politécnicas.

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