El Centro de Atención al Cliente de CNT, en Quito, atiende a usuarios con deudas. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO
La Ley de Apoyo Humanitario establece la prohibición del corte de servicios básicos por no pago de la factura hasta dos meses después de que termine el estado de excepción; es decir, hasta el próximo 12 de noviembre. Pese a ello, empresas y clientes empezaron a buscar acuerdos para la cancelación de las deudas.
Los servicios corresponden a energía eléctrica, agua potable, telecomunicaciones e Internet. La cartera vencida de estos sectores se disparó en los primeros meses de la pandemia, pero luego se redujo ligeramente con la reapertura de actividades desde junio.
En el caso de las telecomunicaciones e Internet, la facturación no cobrada desde marzo asciende actualmente a entre 45 y 50%, cuando a inicios de la pandemia era del 64%.
Esto se debe a que muchos clientes se han acercado a las oficinas a realizar los pagos pendientes o a reestructurar estos haberes, explicó Jorge Cevallos, titular de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Asetel).
CNT, por ejemplo, ha tramitado 2 215 acuerdos en servicios fijos (Internet, telefonía y TV satelital), con un promedio de 8 cuotas para su pago.
En los servicios móviles (Internet y telefonía móvil), en cambio, firmó 90 convenios, con un promedio de 11 cuotas para su cancelación.
Antes de la pandemia, 54 051 clientes activos estaba en mora en esta firma. De marzo a agosto, la cifra subió a 642 808.
Las empresas han recurrido a varias estrategias para incentivar los pagos de los clientes. Unas duplican los megas de Internet a los usuarios que cancelan a tiempo la factura. Otras entregan descuentos o reducciones en el valor de la deuda, explicó la Asetel.
Entre los incentivos que ofrece CNT por la firma de acuerdos está 50% de descuento, por dos meses, a la tarifa básica en los servicios de telefonía fija, Internet y televisión.
Margarita López se quedó sin empleo en marzo y no pudo pagar el plan que tenía con una empresa de telefonía. En total, la joven acumuló una factura pendiente de USD 180 por los meses de abril, mayo y junio.
La operadora ofreció descontarle USD 20 del valor mensual que debe pagar si se ponía al día, pero ella no tenía dinero ese momento.
El mes pasado encontró trabajo y optó por diferir a un año el valor pendiente. El plan, que era de USD 40, ahora es de 60.
La Ley Humanitaria permite firmar acuerdos de pago por valores adeudados generados en servicios, durante la crisis sanitaria, de hasta 12 meses plazo, sin intereses ni multas ni recargos, y se cobrarán mensualmente.
Pero no todos se han beneficiado. Lídice Montiel también acumuló una deuda de USD 180 por falta de pago de una línea móvil. Ella esperaba llegar a un acuerdo para diferir la deuda, debido a la situación económica. Pero este mes, apenas la cuenta bancaria registró algo de liquidez, la operadora procedió al descuento automático de los valores.
“No me dieron la opción de hacer un plan de pago. Yo necesitaba ese dinero para gastos más urgentes”, se lamentó.
Algunas empresas de agua potable y electricidad prorratearon las deudas de forma automática. En otras empresas se tiene que solicitar el beneficio.
La Ley Humanitaria también prohíbe -desde la vigencia del estado de excepción y hasta un año después- el incremento en valores de servicios básicos. Es decir, esto rige hasta el 13 de septiembre del 2021.
Pese a ello, no todos han podido sostener los servicios.
En telecomunicaciones, los consumidores también optaron en esta pandemia por cerrar líneas, suspenderlas o cambiarse a pospago.
Según datos de la Arcotel, entre enero y julio de este año las operadoras perdieron 1,1 millón de líneas de celular. En julio, en cambio, se observó que las líneas pospago cayeron en 237 549 y, en cambio, en prepago hubo 116 846 más.
El titular de Asetel señaló que las empresas enfrentan una situación compleja por la liquidez, ya que -además- este mes tuvieron que pagar anticipadamente el impuesto a la renta. “Si bien facturamos, no cobramos todos esos valores”.
El Servicio de Rentas Internas (SRI) proyectó que el aporte de este sector por esta medida será de USD 12 millones.
Nuevas planillas de luz llegan
Las nuevas facturas de energía eléctrica comenzaron a llegar a usuarios de acuerdo con las fechas programadas de entrega.
En las tres hojas que incluyen las planillas se detallan los valores que deberán cancelar los usuarios, ya incluido el subsidio que anunció el Gobierno Nacional por el exceso de consumo durante la pandemia.
Pese al gran detalle en la información, clientes señalaron que la lectura de la información es compleja.
Mediante un comunicado de prensa, la Empresa Eléctrica Quito implementó en su portal web y ‘app’ móvil un aplicativo donde los usuarios pueden consultar la facturación y el beneficio anunciado por el Gobierno.
Las autoridades han explicado que el beneficio aplica para los clientes que han consumido entre 1 y 500 kilovatios por hora.
Si en el 2020 el consumo de marzo a agosto fue mayor al de iguales meses del año pasado, el Gobierno asumirá la diferencia.
La firma refirió que tras aplicar el nuevo sistema de cálculo dispuesto por el Gobierno, a fines de julio pasado, se identificaron aproximadamente
777 000 usuarios residenciales, de los 940 000 que tiene la EEQ en este segmento, que recibirán esta compensación.
Deuda de agua se paga a un año
El efecto económico de la pandemia afectó a la capacidad de pago de los clientes del servicio de agua.
Ellos, además, tuvieron que afrontar incrementos en los valores de la factura debido a un mayor consumo de este recurso durante el confinamiento y por las medidas de limpieza que exige el combate del virus.
Solo en Quito, por ejemplo, el consumo por persona subió de entre 180 a 200 litros diarios a 240.
Otro inconveniente fue que no se pudo realizar de manera normal la lectura de medidores, entre marzo y mayo, por lo que se facturó de acuerdo con el histórico. Cuando se retomaron estas tareas los valores reflejaron un incremento.
La cartera vencida por este servicio en Quito subió en un 51,2%. Con ello, el monto ascendió a USD 22,3 millones hasta julio. El número de clientes con valores impagos fue 239 086, de los 657 000 con los que cuenta la Empresa Metropolitana de Agua Potable de Quito. Algunos ya tenían deudas antes de la crisis.
Armando Cifuentes, gerente comercial (e), explicó que en julio se tomó la decisión de prorratear a 12 meses las deudas de forma automática. En cambio, los reclamos por facturas pesaban 73% a inicios de la pandemia; ahora es 23%.
