Fresco está el recuerdo del primer levantamiento indígena de 1990, hombres y mujeres lucían, en gran mayoría, sus atuendos típicos: sombreros, ponchos, botas de páramo pantalones blancos; plumas, dorsos desnudos, caras pintadas; blusas bordadas, anacos, rebosos, fachalinas, en una masiva protesta por el descuido histórico de los gobiernos pasados. Esa multitud rebelde no tenía lanzas, bazucas, escopetas, explosivos, ni palos con cuchillas metálicas; no envenenaba el agua de reserva, tampoco bloqueaba pozos petroleros y carreteras, no atacaba a florícolas, ni a haciendas ganaderas, ni a convoyes de alimentos, no mataba militares, ni hería a policías; al contrario, solicitaba pacíficamente soluciones a su abandono; no incluyó a infiltrados extranjeros paramilitares, no permitió la manipulación de los políticos desesperados por sembrar el caos que esconda sus temas pendientes con la justicia, ni que el narco se empeñe en vengarse del decomiso de más de 300 toneladas de substancias ilícitas, en un año, por un gobierno honesto al que no se le señala ningún acto de corrupción.
Ante los reclamos multitudinarios y pacíficos, el gobierno de 1990 satisfizo los requerimientos de los indígenas y se llegó a un acuerdo total. Lamentablemente no hubo continuidad con los programas, lo que dio origen a las protestas violentas en las que se incluyeron subversivos nacionales y extranjeros en el 2019 y hace pocos días en el 2022.
El gobierno debe sumar a la acción económica, la gestión popular y social y completarla con una política eficiente. Necesita asesorías experimentadas y una fluida comunicación que le acerque a todos los colectivos nacionales.
Es el momento de estructurar un gobierno de coalición con la sociedad civil y con las tiendas políticas honestas que estén empeñadas en salvar la institucionalidad, la democracia y evitar el advenimiento definitivo, de lo que el gran hombre y gran patriota Dr. Francisco Huerta Montalvo anticipó, con enorme valentía y solvencia, el narco Estado.