El Metro de Quito se ha convertido en el símbolo de la ineficiencia, aún antes de operar. Con la obra física prácticamente terminada desde hace meses, no puede funcionar. Se han gastado cientos de miles de dólares en propaganda desde antes de que empiece su construcción y sigue sin operar.
Para que funcione se requiere un ente capaz, solvente, que sepa lo que quiere y como se hace lo adecuado y posible. Ese ente, la empresa creada por el Concejo Metropolitano para administrar la construcción del Metro, en su actual estructura no tiene la capacidad técnica ni administrativa –ni credibilidad- para operar con eficiencia, seguridad y eficacia la mayor inversión de la ciudad. Ese ente debe contratar la operación del Metro, una inversión superior a los dos mil millones de dólares que han hecho Quito y el país. Mientras no exista un organismo transparente y solvente, el Metro seguirá sin funcionar. Y mientras más tarde se resuelva la contratación de su operación, peor.
No es el momento de repasar todas las vicisitudes alrededor del proyecto que no se debió construir, tanto porque la magnitud de la inversión ahoga las finanzas de la ciudad, como porque su financiamiento y el de la operación son muy difíciles de sobrellevar.
Casi todos los servicios de Metro en el mundo requieren de subsidio. En el caso de Quito, el pasaje debería costar más de un dólar para cubrir toda la operación. Con la tarifa aprobada, el subsidio implicará casi la mitad de ese valor y las finanzas municipales no dan para asumirlo. El servicio de la deuda adquirida para su construcción, aun contando con un generoso período de gracia, significará decenas de millones de dólares al año.
Si a estos problemas se añade el evidente riesgo de una deficiente operación si se aplica lo aprobado por el directorio de la empresa Metro de Quito -entre gallos y medianoche- según el Alcalde Santiago Guarderas, caída y limpia. Con seis gerentes en dos años nada puede funcionar, ni bien ni mal.
La contratación de una empresa especializada o una asociación público privada para la operación, es la fórmula que garantiza el funcionamiento adecuado. Hay muchos países que tienen empresas públicas de reconocida solvencia, que en un proceso público y competitivo garanticen a Quito que la obra que mayor inversión ha requerido, preste el servicio eficiente para el que fue concebida.
No hay como dilatar más la resolución. Cada día que pasa hay mayores costos y el lucro cesante, que nadie toma en cuenta y que es enorme, crece. Nadie evalúa lo que significa una obra así sin operar. No solo por los ingresos que se dejan de recibir, sino por todo lo que implica una enorme inversión sin utilización.
El Alcalde, y el Concejo, tienen la oportunidad de resolver el problema y la responsabilidad de definir el sistema de contratación de la operación, encontrando fórmulas para solventar las finanzas del proyecto.