La muerte de una mujer de 92 años, luego de ser atacada por una perra en el tercer piso de una vivienda, en el sector de la Kennedy, norte de Quito, ocurrida la semana pasada, abrió nuevamente el debate sobre la tenencia y cuidado responsable de mascotas en el Distrito Metropolitano.
Según datos de la Agencia Metropolitana de Control del Municipio (AMC), 120 denuncias de canes que agredieron a personas se registraron el año pasado. En lo que va del 2021, a pesar de que aún faltan más de cuatro meses para finalizar el año, la cifra aumentó a 214.
De todos los ataques, el incidente ocurrido en la Kennedy es el único que terminó con la muerte de una persona.
José Paredes, médico veterinario e inspector de denuncias de la Unidad de Bienestar Animal del Municipio, informó que en este caso la mascota le fue entregada a las autoridades voluntariamente por su dueño, y fue trasladada de inmediato a uno de los albergues de esa institución.
Actualmente, se evalúa el estado de salud de la perra. El artículo 60, numeral 4, de la ordenanza 019 de Bienestar Animal, que corresponde a las excepciones señala que: “No se considerará como animales de compañía diagnosticados peligrosos si la agresión se da dentro de las primeras ocho semanas posteriores a la maternidad del animal”.
En su inspección, los técnicos de la Unidad de Bienestar Animal verificaron que la perra entró en parto el mismo día del incidente. “Presumiblemente (el ataque) es por defensa de sus cachorros”, manifestó Paredes.
La ordenanza 019 exige hacer una prueba de temperamento y comportamental del animal. Ese diagnóstico ya se realizó y al momento se esperan los resultados.
¿Es posible que la mascota regrese con el dueño?
Cuando se inicia un proceso legal -explicó Paredes-, que conlleva a un juicio con abogados, es muy difícil que el animal retorne con su propietario, porque no fue un tenedor responsable, no mantuvo las normas de seguridad, no tuvo el adecuado tratamiento al adoptar un perro de calle.
Para Betty Sarango, del colectivo Carapungo en Acción, que se dedica a dictar charlas sobre la tenencia responsable de mascotas, una de las causas por la que los perros se comportan de forma agresiva es que viven en malas condiciones, encerrados en terrazas o habitaciones, incluso pasan amarrados por varios días.
Otro inconveniente es que los golpean o no los alimentan adecuadamente. “Hay que sacarlos a pasear, en la casa hay que darles suficiente espacio para que se movilicen”.
Asegura que los ataques de perros a peatones son un problema que se da con frecuencia en Quito, pero la mayoría de casos no se los denuncia.
Así lo vivió Iván Lalaleo, de 25 años, cuando un can lo mordió en la pierna derecha, mientras caminaba por la calle para dirigirse a la casa de una amiga en el barrio Toctiuco.
Recuerda que no sintió dolor en ese momento, pero luego se dio cuenta de que su pantalón estaba roto y además tenía las huellas de los colmillos en la pantorrilla. Cuenta que como el perro era de la calle, no tuvo a quien reclamar.
Carlos Vásquez fue agredido por una jauría de 10 canes en el mirador de La Forestal, ubicado en la avenida Simón Bolívar. Ocurrió mientras tomaba fotos de la Virgen del Panecillo junto a sus familiares.
Se contactó con el dueño de los animales para informarle lo que pasó y averiguar si la mascota había sido vacunada. Como no tuvo problemas y se recuperó pronto de las mordeduras, no lo denunció.
Ante ese tipo de casos, el Municipio promovió la ordenanza, vigente desde enero de este año, la cual busca regular y controlar la fauna urbana, garantizando los principios de bienestar animal en la tenencia, crianza, comercialización, reproducción, transporte y eutanasia en el Distrito.
Los propietarios de las mascotas deberán ingresar los datos de los animales y de las entidades relacionadas con la fauna urbana en el Registro Metropolitano de Fauna Urbana (Remtfu). Se trata de una plataforma informática que estará al servicio ciudadano dentro de 90 días.
También se identifica a los animales mediante un microchip que cumpla con la norma ISO 11784/11785. La identificación será efectuada por un veterinario acreditado. Asimismo, se implementó la Unidad de Bienestar Animal, que tiene autonomía administrativa, financiera y operativa en reemplazo de Urbanimal.
Las sanciones para quienes incumplan la normativa se dividen en leves, graves y muy graves. Las primeras se refieren a permitir que los animales de compañía deambulen por las vías, espacios públicos o comunitarios sin collar y traílla; no recoger los desechos en los espacios públicos o privados, entre otros.
La sanción de estas infracciones leves corresponde al 30% de un salario básico, lo cual equivale a USD 120. Sin embargo, si la persona así lo prefiere, puede realizar servicio comunitario por 48 horas.
Las faltas graves se refieren a no mantener a las mascotas dentro de los predios privados, permitiendo que deambulen por espacios públicos; tener un número de animales de compañía que impida cumplir satisfactoriamente con el bienestar animal, entre otras.
La reincidencia en el cometimiento de infracciones graves será amonestada como muy graves. En esos casos se sancionará con una remuneración básica unificada (USD 400). En estos casos también se puede realizar servicio comunitario por 168 horas.