Un equipo de combate de las Fuerzas Armadas permanece en el cantón Zaruma, en la provincia de El Oro, para realizar operaciones de control de armas y explosivos. Su labor da soporte a las tareas de control de la minería ilegal, que se reforzaron tras incidentes registrados durante una inspección al interior de una mina en esta semana.
Blanca Mora, jefa política de Zaruma, explicó que una comisión integrada por representantes de la fuerza pública, del Cabildo y entidades del Gobierno ingresó por una antigua galería para investigar las causas del socavón registrado en la calle Gonzalo Pizarro, que es parte del casco urbano del cantón.
“Ingresaron un tramo, pero no pudieron avanzar más porque había mineros ilegales dentro, armados, y les arrojaron piedras. Estamos preparando un nuevo ingreso con todas las seguridades”, indicó.
El teniente coronel José Capelo, comandante del Grupo de Caballería Blindada N° 4 Febres Cordero, aseguró que 30 militares permanecerán en la localidad hasta fines de agosto. “Estamos realizando operaciones de control de armas, municiones y explosivos en la zona de exclusión minera de Zaruma y también en Portovelo”.
En julio pasado se reportó un nuevo hundimiento en Zaruma, en el área urbana. El Municipio anunció que el inicio de los trabajos de cierre del socavón y se investiga las causas, que apuntan a labores ilícitas en la zona de exclusión minera.
Este jueves 12 de agosto de 2021 se reunieron autoridades locales y nacionales para analizar el avance de los planes de remediación y seguridad. Además, se anunció que en los próximos días se activará en territorio la Comisión Especializada de Control Minero (Cecmin) y los subcomités de remediación y fomento productivo.
En Zaruma se estableció una zona de exclusión minera de 177,7 hectáreas, donde están prohibidas las tareas de extracción. La superficie abarca el casco patrimonial y urbano, donde se han registrados socavones. El más grande causó el derrocamiento de la escuela La Inmaculada Fe y Alegría en el 2019.
Dilmo Gía, concejal de Zaruma, explicó que se convocó a la comisión minera del Cabildo para socializar la ordenanza de protección de la zona de exclusión. También se analiza las medidas que se tomará en la zona de control especial, creada por acuerdo ministerial en mayo pasado.
Esta es una zona de 192 hectáreas, donde se puede realizar la actividad minera bajo determinadas normas. El acuerdo fija 180 días para recopilar información sobre los concesionarios legalmente registrados y la ubicación de sus galerías y chimeneas.
“La minería ilegal dentro de la zona de exclusión no está permitida, pero en la zona de control especial se puede trabajar bajo la vigilancia de un comité especial. El Municipio es parte del comité”, indicó el concejal Gía.