Nua Fuentes, codirectora del Proyecto Transgénero, labora en el Ministerio de Trabajo. Foto: Julio Estrella/ EL COMERCIO
Cada vez que Emilio Villafuerte firma un váucher de su tarjeta de debito recuerda su pasado, con nombre de mujer. Hizo el trámite personal en el banco, pero en el sistema de pago electrónico sus datos no han sido actualizados.
La experiencia de Emilio la viven otras personas transgénero, como él, en otros ámbitos: académicos, al renovar la licencia de conducción, comprar bienes, al viajar, etc.
En el 2016, cuando se aprobó la Ley de Gestión de Identidad y Datos Civiles, el transmasculino, de 33 años, optó por hacer el cambio de forma legal.
La norma señala que voluntariamente, con 18 años y por una sola vez, se podrá sustituir el campo sexo por el de género masculino o femenino.
Pero la transición va más allá, es el proceso por el que una persona deja atrás su sexo biológico e inicia una vida con su identidad de género o sexo sentido, explica Édgar Zúñiga, de la Red Ecuatoriana de Psicología por la Diversidad.
Emilio, fundador de Valientes de Corazón, organización de personas trans de Guayaquil, relata que en la historia laboral del IESS lograron que apareciera el campo género y no sexo en el sistema.
Pero no ha variado en las historias clínicas. “Logramos avances a cuentagotas. En cada trámite nos toca exponer nuestra vida personal, contar que somos trans; que tenemos el derecho a la identidad, lo que muchos lo desconocen.
Algunos pasamos inadvertidos y al visibilizar nuestra condición nos ponemos en riesgo”.
Runa Sanabria es una persona trans no binaria (no se percibe ni como hombre ni como mujer). Las ‘transiciones’ -anota- no tienen fecha de inicio ni de final, es un proceso largo, que puede comenzar con comprarte una falda, hacer el cambio de género por sexo en el documento de identidad o contarles todo a tus padres.
Con 26 años afronta una dificultad. En el 2019 egresó de la Facso, en la Universidad Central. Y en este año al buscar fecha para presentar su tesis, dice, cuestionan su identidad.
La transición de Emilio Villafuerte pasa inadvertida, pero debe exponerse en trámites. Foto: Cortesía
“No están seguros de que soy la misma persona que ingresó a la universidad (con nombres de hombre), por eso no pueden proceder con mi titulación”.
La Central emitió Directrices para el respeto de los derechos de los Lgbtiq, el 5 de marzo, luego de que la Defensoría del Pueblo consiguiera, un fallo favorable que determinó que la ‘U’ violó los derechos a la seguridad jurídica, igualdad formal y no discriminación.
Su estudiante pidió información para lograr que en su título se leyera su nombre masculino. Pero fue enviado de un departamento a otro.
“Todos estos casos tienen un mismo fondo, la falta de claridad en la legislación de la identidad de género, no homologan los datos, que debiera remitirles el Registro Civil”.
Eso comenta Nua Fuentes, activista transfemenina de 29 años, codirectora del Proyecto Transgénero.
El Registro Civil aclaró que la normativa señala que el ciudadano se compromete a gestionar en instituciones públicas o privadas la actualización de su información personal, sea de cambio de sexo por género en la cédula y o cambio de nombre. Esto es en: cuentas bancarias, títulos académicos, licencia de conducir, bienes muebles e inmuebles, tarjetas de crédito, etc.
Para Nua Fuentes hace falta que esta problemática que enfrentan los Lgbtiq sea aclarada con una política de Estado. De lo contrario se repetirán situaciones como las que ella ha vivido en entidades bancarias, en donde tiene que llevar documentación y hablar de su transición, para que quede claro que es la misma persona.
En este mes, Nua acudió a la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) para renovar su licencia de conducir. Y le pasó lo mismo que hace nueve años: el pago por la especie salió con su nombre anterior; y canceló dos veces.
Esta vez tuvo que volver a ir y explicar su situación, “exponer su privacidad, para evitar ser vista como sospechosa; igual me ha pasado en el aeropuerto, con mi pasaporte. Debo esperar 15 días para repetir el trámite en la ANT”.
Christian Paula, abogado de Pakta, que defiende causas Lgbtiq, sostiene que el trato hacia las personas trans es discriminatorio. Recuerda que la Opinión Consultiva de la Corte IDH, difundida en el 2019, aborda el derecho a la identidad de género; el estado y el Legislativo están en deuda.
Al respecto, Wilma Andrade, legisladora reelecta por la ID, admite que la Asamblea no ha abordado temas que involucran derechos de los Lgbtiq, pese a que hay tres sentencias de la Corte Constitucional. “En un país laico hay que dejar dogmas. Hace falta llegar con un consenso a la comisión de Justicia y tener el apoyo del presidente electo, Guillermo Lasso, que es colegislador”.