Decisiones políticas tomadas durante el Gobierno anterior minaron el ahorro de los ciudadanos, dejándolos desprotegidos para enfrentar tiempos difíciles como la actual crisis.
En el 2009 una reforma legal puso en manos de los afiliados la opción de gastar o ahorrar sus fondos de reserva. Cuando se adoptó esa decisión, los entonces congresistas adujeron que era una disposición temporal para evitar la recesión económica que vivía el país por la crisis mundial.
Pero no fue así. La medida no se retiró y muchos hogares integraron esos recursos extras a sus gastos mensuales, acumular esos recursos se volvió voluntario. Otra decisión similar se tomó en el 2015 cuando otra reforma mensualizó los décimos. El Gobierno de ese entonces dijo que no estaba mal gastar, que no hay mejor ahorro que la “inversión”, una política que también se aplicó en las finanzas estatales.
Los hogares vivieron una repentina bonanza, pero duró poco. Al ver más ingresos, sus gastos también crecieron. Perdieron su capacidad de ahorro. Unos pocos actuaron con prudencia y sabiduría, decidieron acumular estos recursos. La decisión no fue fácil, implicó sacrificio, planificación, responsabilidad en el gasto. Gracias a ello, hoy tienen una tabla de salvación frente a la pérdida de trabajo o de ingresos.
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social registra 2,8 millones de afiliados. De ellos, únicamente 453 077 asegurados acumulan sus fondos de reserva al 30 de agosto del 2020. En total, el IESS administra USD 1 275 millones en fondos de reserva; es decir, un promedio de USD 2 816 por cada asegurado.
Desde luego que el ahorro puede tener varios objetivos, desde la inversión en un bien que aumente el patrimonio de los hogares hasta estudios o un viaje, pero sobre todo debe servir como un colchón financiero para enfrentar una situación de emergencia, sea del propio hogar o externa como en el caso actual. La política pública no puede simplemente impulsar el gasto por el gasto.