El 29 de diciembre del 2010, el auto de Andrés López fue impactado por un metrobús y un automóvil, cuando circulaba por la av. De la Prensa, en el norte de Quito. Ese día, el joven de 27 años, quedó paralizado de la cintura para abajo. Hoy se moviliza en una silla de ruedas.
Él fue el único que sufrió una lesión permanente, a pesar de que en el choque estuvieron involucrados cinco vehículos.
Ayer, sus familiares y amigos hicieron un plantón en los exteriores del Consejo de la Judicatura (CJ), en Quito, para pedir que se ejecute la sentencia que condenó a los responsables del accidente de tránsito.
En noviembre del 2012, la Corte Nacional de Justicia sentenció a dos años de prisión a Cerbando Morales y a Roberto Benavides y se les revocó la licencia de conducir por el tiempo de la pena. Además, se dispuso que se repare de manera integral al joven por los daños sufridos y el tiempo transcurrido desde el choque.
Kennedy López, padre del joven, comandaba el grupo que llegó con varias pancartas pidiendo justicia. A los pocos minutos que hicieron sonar los pitos, personal de la Judicatura lo citaron para conversar, mientras el resto de la familia continuó en la protesta.
Fernando Rosero, hermano de la víctima, señaló que “solo se busca que se aplique la sentencia”. Desde hace 16 meses, los dos sentenciados no han cumplido con su condena.
El padre del joven se reunió con Wilson Navarrete, director nacional de Transparencia. Su petición era que se entreguen las boletas de captura de Morales y Benavides.
Luego de 15 minutos, López y Navarrete fueron a la Judicatura de Pichincha para hablar con la máxima autoridad provincial.
40 minutos más tarde, Navarrete tenía en sus manos las órdenes de detención, por las cuales habían esperado más de un año. Carmen Celi, jueza que estaba a cargo de dar el cumplimiento de la sentencia, las emitió de inmediato.
El Director de Transparencia acompañó en todo momento al padre de la víctima y agilizó los trámites, no sin antes comprometer su palabra para que se inicie la búsqueda de los sentenciados, que al momento están prófugos.
Además, dijo que se realizaría una investigación para conocer en qué momento del proceso se detuvieron las gestiones y que las personas responsables de estas demoras podrían incluso ser destituidas.
Andrés, en su silla de ruedas, señaló que espera que “se haga justicia sin esperar más tiempo”. Él tiene un hijo de 5 años al que debe mantener.
La vida familiar de López cambió desde el 2010. El joven vive con sus padres, que le brindan los cuidados que necesita. La familia tuvo que cambiar de casa, su padre dejó su trabajo para poder centrarse en el proceso judicial y su madre sufrió una afección nerviosa.
El próximo jueves, Kennedy López volverá a la Judicatura para averiguar si existen avances en el caso por el que lucha desde más de tres años y todavía no tiene un desenlace.
Aunque no tiene mucha fe en la justicia, espera que el ofrecimiento y la ayuda que le brindó Navarrete se efectivice.
Ahora, la Policía Nacional deberá buscar a los dos acusados y detenerlos. Esto podría tomar algún tiempo.
‘Reparación no es solo dar dinero’
Carolina Pazmiño Asesora Jurídica de la Cedhu.
En este caso se está violentando la seguridad jurídica, porque si se supone que hay leyes establecidas y sanciones para ciertos casos, estas deben cumplirse y no quedar solo en el papel. En este juicio no se está garantizando dicha seguridad jurídica.
En la sentencia de este caso, emitida por la Corte Nacional de Justicia, se señala que se debe realizar una reparación integral y se debe tomar en cuenta todas las dimensiones que la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece, ellas son: la restitución, la indemnización, la rehabilitación, las medidas de satisfacción, las garantías de no repetición de este tipo de hechos y un cierto tipo de reformas judiciales si es posible; es decir se debe aplicar una reparación mucho más allá de los aspectos económicos. Se debe dar un apoyo psicológico y una investigación clara.