Encontrar procedimientos para controlar el manejo de los recursos públicos ha sido un problema mundial por años. En todas partes se trata de detectar la corrupción, prevenirla, conocerla y sancionarla. Se busca, además, sistemas jurídicos confiables.
Desde inicios de la República existió en Ecuador un “Tribunal de Cuentas” que examinaba el manejo de los recursos del Estado luego de que los altos empleados terminaban sus funciones. Era una instancia colectiva con procedimientos engorrosos que muy pocas veces llegaba a sancionar irregularidades.
Por ello, con el impulso de la Misión Kemmerer, en los años veinte se remplazó del Tribunal de Cuentas por una “Contraloría”, dirigida por un funcionario con grandes atribuciones. Así se modernizó el control, pero las decisiones quedaron en manos de una sola persona, cuya voluntad y compromisos resultaban incensurables. Además, pese a los nuevos procedimientos, la Contraloría casi nunca logró sancionar o llevar a la justicia a un pez gordo de la política.
En los años del correísmo la situación se agudizó, porque el contralor ejerció sus funciones en forma arbitraria y discrecional, para proteger a los corruptos y perseguir a quienes desafiaban el poder del déspota. No solo garantizó la impunidad, sino que usó el poder público como instrumento de chantaje, amenaza y retaliación. Fue reelegido con las máximas notas en un concurso amañado solo para transformarse en prófugo de la justicia en cuestión de semanas.
Ahora las cosas han cambiado porque el contralor Celi ejerce sus funciones seriamente y ha generado gran cantidad de informes que permitirán llevar a la justicia a muchos responsables de la corrupción del anterior régimen, con Correa a la cabeza. Además, está proponiendo remplazar al contralor con un nuevo tribunal de cuentas, cuyas características serán analizadas en una reunión mundial que se realiza estos días con el coauspicio de la Cancillería y la Universidad Andina.
Este tribunal, desde luego, no sería una resurrección de aquel del siglo XIX, sino una institución moderna organizada a base de las experiencias de los países que ya tienen esta instancia técnica que garantiza mayor seguridad y transparencia. Para concretar el proyecto, sin embargo, se debe encontrar mecanismos para que los trámites de un ente colectivo no vuelvan engorroso el control.
Pero sobre todo es preciso que se garantice que la Fiscalía y los jueces tomen en serio los informes de Contraloría y no terminen volviéndose cómplices que hacen mal las acusaciones o declaran inocentes a los corruptos.
La reforma debe ir acompañada de una radical reforma y moralización de la justicia que la libre de ser parte de la clientela correísta. Si en la función judicial siguen los atracadores de nada servirán los cambios legales.