José Francisco Cevallos, gobernador del Guayas, y la comandante de la zona 8, Tanya Varela, presentaron una queja para que se investigara a un juez penal. Foto: EL COMERCIO
El gobernador del Guayas, José Francisco Cevallos, y la comandante de la zona 8, Tanya Varela, presentaron una queja para que se investigara a un juez penal que impuso medidas sustitutivas a ocho de 15 detenidos presuntamente vinculados a banda dedicada al asalto, robo de domicilios, de carreteras, a locales comerciales y al sicariato.
En el caso denominado Impacto 269, que se realizó el pasado lunes 16 de julio de 2018, se detuvo a seis personas por delito fragante, a otras ocho durante los operativos de allanamiento y a un policía en servicio activo, supuestamente implicado según las investigaciones.
Las autoridades están en desacuerdo que el juez penal haya dictado medidas cautelares para ocho de ellos, el uso de grillete electrónico y que se presentaran semanalmente ante la función Judicial. Mientras, los otros siete se mantienen con prisión preventiva y detenidos.
Las autoridades presentaron la queja este lunes 23 de julio de 2018 en la Corte Provincial de Justicia del Guayas. Cevallos y Varela se reunieron en privado con el presidente de la Corte, Gabriel Manzur, y el fiscal provincial, Edmundo Briones.
Antes de la reunión, el Gobernador declaró que no se tolerará ningún acto o indicio de impunidad. “Velaremos por la correcta y justa judicialización de cada uno de los casos, para eso venimos. Queremos certificar cómo ha sido el proceso en cada uno de los casos. Vemos extraño que en flagrancia se deje con medidas sustitutivas a delincuentes con pasado judicial”, añadió.
Por su lado, Briones explicó que como fiscal provincial no tiene potestad sancionadora, pero que ha solicitado un informe e inmediatamente ha sido remitido a gestión procesal para que verifique su actuación. “En la Fiscalía provincial del Guayas no hay espíritu de cuerpo, no hay alcahueterías, no se solapa absolutamente a nadie”, añadió.
En tanto, Varela dijo que como Policía presentó la queja ante el Consejo de la Judicatura con base a la decisión del juez “para que se nos explique las razones por la que tomaron esa decisión”.
Agregó que lo sucedido no causa malestar sino más bien que la Policía siga realizando adecuadamente su trabajo. Y recordó que en la Zona 8 hay una reducción de 2 200 delitos en lo que va del 2018, en relación al mismo periodo del 2017 y se han desarticulado 500 organizaciones delictivas.
Según Manzur, se notificará al juez sobre la queja y en el caso de comprobarse alguna anomalía el funcionario será suspendido o se procederá con la destitución. El período de análisis tomará aproximadamente 30 días.