Muchos jóvenes han vivido la tensión de ingresar en una universidad o escuela politécnica y la frustración de no poder hacerlo. Este se ha transformado en uno de los grandes problemas de nuestra sociedad.
Al cabo de dos décadas de deterioro de la educación superior, cuando llegó Correa al gobierno hubo la expectativa de que la necesaria reforma universitaria se haría. Se tomaron algunas medidas positivas, pero eso no duró mucho. En 2010 el régimen impuso una Ley de Educación Superior (LOES) que atropella la autonomía de los centros universitarios, establece un control vertical y autoritario, reprime a los profesores y a las organizaciones estudiantiles y obstaculiza el acceso con la limitación de cupos en las universidades públicas y un examen de ingreso.
Pese a la propaganda sobre “democratización” de la educación superior, el gobierno restringió el ingreso a las universidades públicas. Las autoridades no dan cifras, pero se hay reducción o congelación. Un ejemplo: Antes de Correa, la Universidad Central tenía 46.000 estudiantes. Ahora tiene 38.000. ¿Dónde están los 8.000 que no pudieron llegar? Algunos en la educación privada pagada. La mayoría, vagando sin estudios ni trabajo.
El examen o la prueba nacional de ingreso es la pesadilla de los jóvenes. Muchos, sobre todo los que vienen de colegios rurales o barriales, no logran el puntaje requerido y deben esperar uno, dos y hasta tres años intentándolo para obtener cupo. Cuando lo logran, se les manda a una carrera distinta a la que desean seguir o a otra ciudad, a veces muy lejana.
Cuando se evidenció el fracaso de la prueba, se resolvió usar el examen de habilitación para el bachillerato como tranca para el ingreso a la universidad. Así, muchos jóvenes no logran cumplir sus aspiraciones.
Con la Ley impuesta no funcionan bien las universidades. Pero si hay que hacer reformas urgentes, se debe modificar el sistema bachillerato, que es un “embudo” hacia la universidad, y abrir opciones que permitan que con el mismo título se pueda optar por distintas alternativas. Pero el ingreso debe ser responsabilidad de cada institución superior, a base de los lineamientos generales establecidos por el CES y el CEAACES. Hay que restablecer los institutos superiores y los normales para diversificar la oferta de educación superior; se debe impulsar a las universidades públicas autónomas y gratuitas, cumpliendo el mandato constitucional de transferirles fondos completos y a tiempo.
No se trata de volver al pasado. Quienes impulsamos por años la reforma lo sabemos bien. Hay que avanzar. Pero las medidas del correísmo han colapsado y es el momento de un serio replanteo de los sistemas de bachillerato y de ingreso a la educación superior. Mientras más pronto mejor.