‘La violencia es un problema estructural que afecta la calidad de vida de las mujeres y que debe ser enfrentado por el Estado”. Esa es una de las razones por las cuales el Consejo de la Judicatura (CJ) redactó un manual para atender la violencia contra la mujer y la familia.
El documento fue presentado la semana pasada y compila instrumentos especializados para tratar a las víctimas de agresiones dentro del hogar.
El manual, que contiene 232 páginas, todavía no se aplica en los Juzgados, pues se busca ajustar ciertos parámetros con aportes de organizaciones sociales, según el CJ.
Uno de las medidas que se incluyen en el documento es la ‘evaluación del riesgo de comportamientos violentos’. Con este mecanismo se busca predecir la probabilidad de aparición de una conducta violenta dentro de la familia.
“La valoración del riesgo permite predecir situaciones límite como la posibilidad de suicidio o embarazos producto de relaciones sexuales forzadas en el contexto de una agresión física o psicológica”, se señala en el manual judicial.
En Ecuador, la última encuesta sobre violencia de género da cuenta que 6 de cada 10 mujeres han sufrido desde violencia física, psicológica, sexual hasta patrimonial.
Según la Judicatura, en el país rigen varios instrumentos normativos y políticos para “alcanzar la igualdad y garantía de los derechos de las mujeres”.
Uno de estos es el recientemente aprobado Código Orgánico Integral Penal (COIP). Allí hay cinco artículos que abordan el fenómeno de la violencia de género. De acuerdo con esa normativa penal “se considera violencia toda acción que consista en maltrato físico, psicológico o sexual ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar”.
La sanción más dura que estipula el COIP por agresiones contra la mujer es de hasta tres años de cárcel cuando se provoque un daño psicológico severo.
No obstante, la pena por feminicidio es de hasta 26 años.
Precisamente, el manual que presentó el CJ detalla la forma en que los operadores de justicia especializados en violencia intrafamiliar deben abordar las denuncias por maltratos físicos, psicológicos o sexuales.
El botón de seguridad, otro mecanismo de auxilio
Hace dos semanas, la Judicatura junto con el Ministerio del Interior y de Justicia presentaron un proyecto de seguridad para atender a las mujeres víctimas de la violencia.
Se trató del denominado botón de seguridad que pretende socorrer denuncias en “máximo cinco minutos”. Esa medida rige desde el pasado 16 de febrero a escala nacional.
José Vaca, director nacional de acceso a los servicios de justicia del CJ, sostuvo que las víctimas deben presentar la boleta de auxilio en la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) cercana a su trabajo, residencia y otro que considere la afectada para acceder al servicio.
“No solo queremos dar la boleta de auxilio. Ahora el uniformado acudirá a dónde se encuentre la victima”, dijo Vaca.
Luego de ingresar los datos en el sistema de la Policía Nacional, la mujer que se encuentre en situación de riesgo puede digitar el número 5 para alertar a los agentes.
Para Ledy Zúñiga, delegada del Ministerio del Interior y de Justicia, esta medida busca frenar los femicidios. “No queremos más mujeres que mueran con las boletas de auxilio en la mano”. Datos de la Fiscalía General del Estado refieren que entre enero y octubre del año pasado se reportaron 929 denuncias de mujeres que sufrieron algún tipo de lesión.
En contexto. La semana pasada, el Consejo de la Judicatura publicó un manual para atender de forma integral las denuncias de violencia contra la mujer y la familia. Desde el 16 de febrero rige el proyecto un seguridad enfocado directamente para auxiliar a las mujeres violentadas.
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