En varias ciudades intermedias del país debe declararse una urgencia patrimonial. Gran cantidad de edificaciones de valor histórico, incluso barrios tradicionales completos, están en peligro de desaparecer, de ser destruidos por el abandono y los elementos.
Se ha vuelto práctica común que los propietarios de edificaciones que se consideran patrimoniales, que cuando no se les permite derrocarlas, simplemente las dejan deteriorarse hasta que, por cansancio el municipio o el Instituto Nacional de Patrimonio Cultura (INPC), se rindan y ceden.
Permiten a la cansada construcciones que a veces respetan las normas de presentación, pero otras son unos bodoques horrorosos que ofenden a la urbe.
La situación ha llegado a límites extremos. Porciones enormes de las urbes son ya, o van en camino, de convertirse en tugurios. El caso de Ibarra, por ejemplo, es grave. Buena parte de las construcciones de los barrios orientales de la ciudad están declaradas patrimonio, no pueden derrocarse ni modificarse. Los dueños, en consecuencia, las abandonan adrede hasta que se destruyan. Parece cuento, pero es cierto, que muchos dueños salen con manguera las noches a echar agua a las bases de las paredes de adobe o tapia para que se caigan.
Ante esta situación, las multas y otras sanciones, las prédicas de buena voluntad o las amenazas no funcionan. Se debe poner en marcha políticas de rescate que implican incentivos, soluciones imaginativas y normas estrictas pero flexibles. Es preciso, por ejemplo, que las edificaciones patrimoniales que demandan mucho dinero para restaurarse y conservarse, tengan exoneración de impuestos municipales, de contribuciones de mejoras y otras tasas.
También, es necesario que se emitan ordenanzas específicas que establezcan reglas claras y razonables. Hay, por ejemplo, que determinar cuáles edificaciones no pueden sufrir cambios estructurales, y deben ser restauradas. Estas son las que deben protegerse de la destrucción intencional. Hay otras, en cambio, que sí pueden ser adaptadas siguiendo estrictas normas de conservación que impidan se rompa la armonía de los lugares históricos. Por fin, hay casas viejas que no por viejas son patrimonio y pueden derrocarse. Pero en esos sitios debe construirse con normas restrictivas que propicien el que se mantenga una estética general.
Hay mucho que hacer en este campo. Por ello me ha complacido conocer que el Alcalde de Ibarra, de acuerdo con el Concejo, ha resuelto afrontar la urgencia patrimonial positiva e imaginativamente, con una política que promueve la restauración de ciertos edificios, la modificación regulada de otras, y el permiso para hacer nuevas pero bajo normas estrictas en una buena parte. Nos comprometemos a apoyar este esfuerzo, que es por donde deben ir varias urbes históricas del país.