Redacción Negocios
El Pleno del ‘Congresillo’ inició ayer el segundo y definitivo debate del proyecto de Ley de Empresas Públicas.
Otros detalles de la Ley
El proyecto de Ley plantea que las empresas eléctricas que hoy son sociedades anónimas y tienen participación mayoritaria del Estado pasen al control enteramente estatal.
La propuesta también establece las normas de control, gestión y dirección que tendrán las nuevas empresas públicas.
Las empresas donde participan mayoritariamente las Fuerzas Armadas y que no se relacionen con su actividad de defensa del país deberán ser vendidas.
Se trata de una de las leyes centrales dentro de la hoja de ruta del Gobierno. El marco legal propone las reglas que regularán a las empresas que operan en sectores estratégicos como la electricidad, la telefonía, el crudo, entre otros.
El debate duró alrededor de tres horas, pero el proyecto no fue aprobado. Los asambleístas formularon múltiples observaciones a la propuesta, las cuales deberán ser incorporadas al proyecto del Ejecutivo.
El presidente del ‘Congresillo’, Fernando Cordero, suspendió la sesión para que se analicen estas observaciones. Una de ellas sugirió que se incluya en el directorio de las empresas la participación de la sociedad civil y también de los trabajadores.
Según el proyecto, los directorios de las empresas públicas tendrán una crítica y enorme importancia. Estos estarán al frente de la dirección, planificación y aprobación de planes de inversión, entre otros. Estarán conformados por el Ministro del ramo, los representantes de la Senplades y del Presidente de la República.
Luis Calero, experto petrolero, cuestionó la conformación de los directorios, al señalar que estos deben estar conformados por personal técnico.
“El proyecto plantea la conformación del Directorio de cada empresa con funcionarios de nombramiento político, cuando debiera profesionalizarse su integración y despolitizar de una vez por todas el manejo de las empresas públicas”, señaló.
Cuestionó también la liberalidad en los temas de contratación al no establecer la obligatoriedad de concursos. El proyecto establece, más bien, mecanismos asociativos y nuevos emprendimientos, que pueden dictar su propio sistema de contratación.
Entre los principales cambios que ha acogido la Comisión de Desarrollo Económico al proyecto está que las empresas públicas estarán sujetas al control de la Contraloría. Inicialmente establecía contratar auditorías.
Irina Cabezas, titular de esta Comisión, señaló ayer que también se acogerá el pedido de que el Comité de la Defensa, que analizará la venta de las empresas que hoy son de Fuerzas Armadas, cuente con un delegado de este sector. Cabezas espera que el proyecto se apruebe esta semana.
El asambleísta gobiernista Rolando Panchana dijo que quienes han criticado al proyecto, como el Municipio de Guayaquil, no enviaron sus criterios por escrito a la Comisión.