La participación como amenaza

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31 de julio de 2014 00:00

Juan Cuvi / Columnista invitado

No sorprende que la restricción a la participación social y ciudadana conste dentro de la agenda del oficialismo. Todo lo que huela a diverso y heterogéneo es incompatible con un proyecto político vertical y centralista. La intención de ponerle cortapisas a uno de los elementos más democráticos de la Constitución del 2008 va a contracorriente del espíritu de las luchas populares de las últimas décadas.

En efecto, a partir de los años 80 del siglo pasado, la propuesta de la participación activa de la sociedad civil en el espacio público se convirtió en el principal combustible de las movilizaciones sociales. Diversidad, pluralismo, horizontalidad, diacronía y alternancia se convirtieron en los nuevos principios de la transformación social. Todos, sin excepción, requerían de la más amplia y democrática participación de la gente para su realización.

No es casual que la Constitución esté plagada de alusiones a la participación en todas sus secciones. Entendida como el corolario de las demandas de la sociedad civil, la Asamblea Constituyente de Montecristi formalizó una concepción de la democracia que –se suponía– sería el fundamento de las nuevas relaciones de poder en el país. La participación encarnaba el imaginario de los nuevos actores surgidos al calor de la renovación política de esos años.

Hoy, esa lógica de extensión permanente de la democracia se vuelve una amenaza para el poder de turno. No hay que asombrarse, entonces, de las intenciones de ir poco a poco reduciendo la capacidad y el potencial de la sociedad civil. Las limitaciones a las garantías civiles y a la consulta popular, propuestas como enmiendas constitucionales, apuntan en ese sentido. No solo consolidan el tutelaje del Estado sobre la sociedad, sino que blindan a la autoridad pública contra las exigencias de la ciudadanía. Es el imperio de la burocracia.

En esta tónica regresiva también se busca restringir la autonomía. Bajo el argumento de que se debe combatir la dispersión político-administrativa encarnada en el caciquismo, se busca someter a todas aquellas autoridades locales que no se alineen con las disposiciones oficiales. El desmantelamiento de la autonomía tiene, además, un propósito más grave: minar el mundo indígena. Como se señala en una reciente investigación (Antología del pensamiento indígena ecuatoriano sobre sumak kawsay), desde la cosmovisión indígena, la estrategia para alcanzar el sumak kawsay requiere de la autodeterminación de pueblos y nacionalidades en un contexto de plurinacionalidad. Esto implica tener la capacidad de regular su propio funcionamiento de manera autónoma, en coordinación con las demás naciones del Estado. El debilitamiento del mundo indígena allana el camino para el extractivismo y los tratados de libre comercio.