El Concejo Metropolitano debatió ayer sobre el proceso de regularización de taxis y las nuevas tarifas de buses. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO
El Concejo Metropolitano de Quito resolvió, ayer, levantar la suspensión sobre el proceso de entrega de nuevos cupos para taxis. Además, debatió sobre el proyecto de ordenanza de estructura tarifaria y decidió devolverlo a la Comisión de Movilidad; es decir, lo declaró ‘no conocido’ en primer debate.
En cuanto a los taxis, el Concejo suspendió la regularización por 60 días, desde el 10 de mayo, pero esa medida estuvo vigente por 102 días. La resolución que tomó ayer el Concejo incluye una solicitud para que se trate de forma urgente un proyecto de reforma que debe incluir la ampliación del plazo.
La regularización de 8 693 nuevos taxis debería estar lista para fines de este mes, pero se calcula que requerirá de una prórroga de al menos 90 días.
Además, el concejal Carlos Páez (AP) solicitó que se incluyera en la resolución un pedido para que se aclarasen los cupos que se han extendido desde la última regularización (2011) hasta este año. Según Luisa Maldonado, su excompañera de bancada, se trata de más de 2 000 cupos nuevos que constan en las superintendencias de Compañías y de Economía Popular y Solidaria.
Como segundo punto, se trató en primer debate la propuesta de ordenanza sobre la estructura tarifaria del transporte. El pasaje está congelado en USD 0,25 desde el 2003.
Alfredo León, secretario de Movilidad, presentó la propuesta, pero nueve ediles votaron a favor de devolver el proyecto. Así, la definición sobre pasajes vuelve a postergarse.
El gremio del transporte convencional se siente decepcionado con la actitud de los concejales, según Jorge Yánez, uno de los dirigentes. Dice que sincerar las tarifas se vuelve una tarea cuesta arriba si los concejales se cierran a la necesidad de subirlas.
El concejal independiente Sergio Garnica dijo que entorno a las tarifas hay temas colaterales que deben ser tomados en cuenta. Para que el Metro entre en operaciones hay condiciones contractuales con los multilaterales que lo financian, y una de ellas es la necesidad de establecer una tarifa.
Todo deberá funcionar en cadena. La estructura tarifaria tiene una relación directa con la reorganización de rutas y frecuencias. Y para optimizar el cobro de pasajes, hace falta el Sistema Integrado de Recaudo, el Sistema de Ayuda a la Explotación y el Sistema de Información al Usuario, que aún no han sido contratados.
Según el analista de movilidad César Arias, es difícil que se empate la tarifa de bus con la del Metro, por el corto tiempo que queda para la entrada en operaciones del nuevo sistema, a fines del 2019. Por ello sugiere que se haga un cronograma realista y técnico.
Las propuestas de la Secretaría de Movilidad plantean incrementos progresivos. Una opción es fijar una tarifa plana según el tipo de transporte (bus, Metro, Trole). La segunda es determinar un valor y aumentar 26 centavos por interconexiones.
Y la otra es plantear una tarifa que variaría dependiendo del tiempo entre los trasbordos. Se señala que solo el 30% de pasajeros usa el servicio de interconexión y que el 70% suele viajar en un solo sistema.
En el Concejo hay criterios divididos sobre el tema. El vicealcalde Eduardo del Pozo, de las filas de Creo y antes aliado del alcalde Mauricio Rodas, criticó la propuesta. Según su criterio, plantear una tarifa de interconexión o un pasaje elevado haría que la gente no quiera utilizar el Metro. Para él, la propuesta llega tarde e incluso la califica de inviable.
Garnica coincide en que el incremento de pasajes no es la única opción. Para él, un modelo de compensación sería justo, porque el pago solo llegaría a los transportistas que cumplan los parámetros de control. En cambio, un incremento en el pasaje significaría que todos reciban mejores ingresos pero no se podría controlar si hay o no mejoras.
Debido a la cercanía de la entrada en operaciones del Metro, explica Garnica, existe la posibilidad de que se contrate por separado un sistema inteligente para el Metro de Quito y otro para el resto de transporte municipal y convencional.
A Marco Ponce, de SUMA, le resulta impensable una nueva compensación. Esta ya se aplicó por dos años y medio. Una nueva, que debía aplicarse este año, está suspendida. Ponce cree que es hora de subir los pasajes. “Puede haber críticas, pero es un tema de justicia. No se puede exigir un mejor servicio si no mejoran los ingresos”.