Ley de Inquilinato en Ecuador: así avanza la reforma en la Asamblea Nacional
La reforma a la Ley de Inquilinato en Ecuador avanza en la Asamblea, revisando contratos y garantías para inquilinos y propietarios.
Los contratos de arriendo, las garantías, las reparaciones pendientes y los procesos de desalojo están bajo revisión en la Asamblea Nacional. Una reforma a la ley de inquilinato Ecuador avanzó tras el primer debate del 22 de abril de 2026. Actualmente, el proyecto volvió a la Comisión de Justicia para continuar su trámite antes de una votación definitiva en el segundo debate.
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Cambios propuestos en la reforma a la Ley de Inquilinato en Ecuador
El proyecto busca revisar las reglas sobre:
- Contratos de arrendamiento.
- Garantías.
- Reparaciones.
- Sanciones por incumplimiento.
- Inscripción de contratos.
- Mecanismos para resolver conflictos entre propietarios e inquilinos.
Durante el debate legislativo, se abordaron temas como el desalojo por decisión del propietario, el control de arriendos realizados por personas jurídicas, la protección al inquilino, la fijación de límites al canon de arrendamiento y la mediación obligatoria antes de acudir a la vía judicial.
Trabajo de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional
La Comisión de Justicia unificó varias iniciativas legislativas antes de enviar el informe al Pleno.
Según la Asamblea, este trabajo incluyó siete sesiones, criterios de especialistas y observaciones técnicas para identificar vacíos legales, normas desactualizadas y problemas prácticos en la aplicación de la ley vigente.
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Situación actual de la Ley de Inquilinato
A pesar del avance en el trámite, la ley vigente continúa en aplicación mientras no se apruebe una reforma definitiva.
Esta normativa regula las obligaciones tanto de arrendadores como arrendatarios. Reconoce contratos escritos y verbales, establece causales para terminar un contrato y fija reglas sobre reparaciones dentro del inmueble.
En la práctica, los desacuerdos por el pago del arriendo, los daños en una vivienda, la devolución de garantías o las reparaciones pendientes deben resolverse con base en la ley vigente y en las condiciones pactadas entre las partes.
Puntos centrales del debate
Uno de los puntos centrales del debate es establecer reglas más claras para los contratos de arrendamiento. La ley actual reconoce acuerdos escritos y verbales; sin embargo, la falta de un documento firmado puede complicar la prueba de las condiciones pactadas si surge un conflicto.
La reforma también plantea fortalecer las disposiciones sobre garantías. Actualmente, la Ley de Inquilinato no obliga a entregar un depósito al firmar un contrato. No obstante, esa práctica suele acordarse entre propietario e inquilino. Si consta en el contrato, sus condiciones se vuelven obligatorias para ambas partes.
Reparaciones y responsabilidades
Otro eje del proyecto tiene que ver con las reparaciones. La normativa vigente establece obligaciones tanto para el propietario como para el inquilino.
El arrendador debe mantener el inmueble en condiciones adecuadas, mientras que el arrendatario debe responder por los daños que cause.
Aspectos sobre desalojos
El desalojo también forma parte de los temas analizados en la Asamblea. La ley vigente no permite pedir la desocupación del inmueble por cualquier motivo. Existen causales específicas como:
- Incumplimiento en el pago.
- Dañar el bien.
- Subarriendo sin autorización.
- Uso distinto al acordado.
- Necesidad comprobada del propietario para ocupar el inmueble.
El proyecto en trámite busca revisar este tipo de disposiciones y adecuarlas a las dinámicas actuales del sector. Sin embargo, hasta ahora no existe una aprobación final.
