Uno de los temas más dolorosos que profundizó la pandemia del covid-19 fue la violencia intrafamiliar. Con el encierro, niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultas mayores estuvieron más expuestas a las agresiones físicas y psicológicas.
Hasta 2019, seis de cada 10 mujeres vivían algún tipo de violencia. En 2020 hubo menos denuncias. No fue porque disminuyeran los delitos: no se denunciaron debido al encierro y al mayor miedo de las víctimas a los agresores.
Vicente Torres, secretario ejecutivo del Consejo Cantonal de Protección de Derechos (CCPD) de Guayaquil, señaló que en 2019, recibieron 913 casos de violencia infantil, contra mujeres y adultas mayores. En 2020 bajó a 336 y el año anterior subió a 449.
“Es alarmante la situación de peligro a las que siguen expuestas estas poblaciones por la violencia intrafamiliar, aunque las denuncias no lo reflejen. Un niño no va a venir a denunciar; un adolescente, poco probable”, explica Torres.
El ECU-911 recibió 125 691 llamadas de auxilio por violencia intrafamiliar en 2019, en 2020 descendió a 109 080; en 2021, a 108 715.
Guayas, Pichincha, Esmeraldas, Santo Domingo, Manabí y El Oro lideran las alertas en los últimos cuatro años. “Con el encierro obligatorio se potenció la violencia, que ya estaba enquistada y naturalizada en algunos contextos familiares”, dice Torres.
Uno de los casos más impactantes y que más indignación generó por la divulgación de un video en redes sociales ocurrió hace 10 días. En Cuenca, una adolescente fue brutalmente golpeada por su padre. En el impactante video de dos minutos,se ve al agresor jalar del cabello a la menor y caerle a patadas y puñetes mientras estaba en el piso. La joven retornaba del colegio; las escenas fueron captadas por una cámara dentro de la casa.
Sus progenitores se separaron hace tres años y la adolescente vivía con el padre. Tras los hechos, la madre presentó la denuncia y la Fiscalía sacó de la vivienda a la adolescente, otorgó a las dos una boleta de protección y se abrió un proceso judicial contra el agresor.
Por este caso, también tomó procedimiento el CCPD de Cuenca. Su director ejecutivo, Fabián León, dijo que existe persecución del delito porque hay agresión directa y con la evidencia el Juez determinará la sanción contra el involucrado.
Torres y León coinciden en que los derechos que más se vulneran en los niños es el de la protección (maltrato físico y psicológico). En Ecuador, antes de la pandemia, seis de cada 10 niños habían sido maltratados en algún momento de sus vidas. También han identificado explotación sexual y laboral y vulneración de derechos a la educación, salud y a la identidad.
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) ya había alertado del aumento de la violencia. Por eso, en varias ocasiones solicitó al Gobierno Nacional el regreso a clases presenciales.
La violencia es una realidad sociocultural que se esconde bajo el pretexto de la educación y la corrección. Afecta enormemente en el desarrollo de los menores, sostiene la psicóloga educativa Estefanía Mora.
La extrema violencia contra la mujer tiene cifras más dolorosas. El año anterior hubo 197 femicidios y, según la Alianza para el Registro y Mapeo de Femicidios del Ecuador, fue el año que más muertes ocurrieron desde que se tipificara este delito, en 2014. En lo que va de 2022 ya suman 15. “Si bien el confinamiento ayudó a mitigar los contagios, las mujeres y las niñas se llevaron la peor parte”, dice Mora.
Guayaquil cuenta con la Ruta para la Protección de los Niños y Adolescentes que busca proteger, atender y restituir derechos que han sido vulnerados. Además, su meta es sensibilizar a la ciudadanía para que conozca cómo actuar.
Los 221 cantones del país cuentan con Juntas de Protección de Derechos, encargadas de proteger, atender y restituir los derechos vulnerados de las personas. En manos de los técnicos está dictar las medidas de protección: custodia temporal, boleta de alejamiento del agresor o sacar a las personas de ese ambiente de agresión.
Para Torres, la restitución de derechos tiene cifras negativas porque el sector social carece de presupuesto para darle seguimiento a los casos y que la persona vulnerada reciba la ayuda médica y psicológica que necesita.
Las autoridades coinciden en que falta más inversión para fortalecer los programas y proyectos de salud mental y campañas. “Existe un abanico de servicios que vamos a necesitar a corto plazo, para enfrentar lo caótico que se nos viene, por los efectos causados de la violencia intrafamiliar”, dice Torres.
