¿Qué dicen la Senescyt y académicos sobre el recorte presupuestario a las universidades?
Universidad Central del Ecuador investiga el verdadero origen de su historia. Foto: Archivo / EL COMERCIO
La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) asegura que hablará con los representantes de cada universidad y con el Ministerio de Economía y Finanzas, para que las actividades académicas sigan operando, en el contexto de esta emergencia.
En el comunicado aclaran que la educación superior pública se financia con un porcentaje de recursos de la recaudación del IVA y de la Renta. Si estos disminuyen –dicen– el presupuesto universitario se actualizará. “Según el último reporte hay una reducción en la recaudación de los impuestos, lo que implica 10 % menos en el presupuesto universitario y con ello una afectación de forma diferenciada a cada centro académico”.
El sábado 2 de mayo del 2020, la Asamblea del Sistema de Educación Superior Ecuatoriano (Asesec) pidió al Gobierno que revise la decisión de recortar el presupuesto universitario, tras verificar que 32 universidades y escuelas politécnicas públicas recibirían alrededor de USD 100 millones menos, debido a la emergencia nacional por el covid-19.
La vicerrectora académica y de posgrados de la Universidad Central del Ecuador (UCE), María Augusta Espín, señala que en el caso de esa institución, el recorte es de más de USD 11 millones y corresponde a más del 10% del presupuesto de la UCE. Este recorte –dijo– fue realizado a la partida 51 que corresponde a gastos de personal, es decir a los sueldos.
Actualmente –dijo Espín– la Universidad Central trabaja con 500 docentes a contrato, lo que representa aproximadamente 11 500 horas para formación de profesionales. “Si se aplica este recorte, además de dejar sin trabajo a todos estos docentes, quedaríamos con este déficit de horas para formar a nuestros profesionales, ya que estas no podrán ser cubiertas por nuestros profesores titulares”.
Además la Vicerrectora dijo que eso llevaría a cerrar oferta académica en distintas áreas. “Por ejemplo en nuestras ingenierías, que en el año 2013 sufrieron por la jubilación de más del 80% de los docentes y que ese vacío se ha cubierto en parte gracias a docentes contratados, no podría funcionar”.
La Senescyt señaló que los rubros correspondientes a gratuidad educativa no se verán afectados y que “es necesario, de manera conjunta, encontrar mecanismos idóneos para optimizar todos los recursos que sean posibles, además, habrá gastos universitarios que debido a la emergencia no serán ejecutados, por lo cual, podrán ser canalizados de forma que no se afecte la matrícula universitaria”.
La Vicerrectora de la UCE dijo que pese a que continúe existiendo la gratuidad, “simplemente la Universidad Central no podría atender los requerimientos de formación profesional para nuestros jóvenes sin docentes contratados”.
El docente del área de Derecho y rector de la universidad Andina Simón Bolívar (UASB), César Montaño, señala que está en juego el derecho a la educación superior, la seguridad jurídica y el funcionamiento de un sistema que prepara a los médicos que ahora enfrentan la pandemia en primera línea de la emergencia.
Según la Constitución del Ecuador –recuerda Montaño– la salud y la educación constan entre factores estratégicos de fondo que merecen atención priorizada. “Hay varias normas de la Constitución que definen que los recursos no pueden ser disminuidos ni cambiados”.
La Carta Magna –explica– habla de la necesidad de que esos recursos siempre estén disponibles y sean entregados oportunamente para que las instituciones de educación superior cumplan su rol.
“Hay que inaugurar una política fiscal no ortodoxa, que combine elementos que puedan funcionar en época de bonanza y de crisis”, opina Montaño. Y agrega que se deben definir prioridades. “Hay sectores como el social, que no se deberían tocar”.
Se puede llegar a una priorización sin poner en riesgo la marcha de las instituciones de educación superior ni los derechos de quienes están involucrados como los docentes y estudiantes, dice el rector de la UASB. Menciona que se pueden revisar gastos del Gobierno, que tienen que ver, por ejemplo, con propaganda y otros.
En el transcurso de estos días –dijo la Senescyt– se revisará la planificación académica y presupuestaria con cada universidad y escuela politécnica para generar las soluciones operativas, normativas y presupuestarias que se requieren para afrontar la emergencia.
Estudiantes y profesores de universidades públicas mantienen campañas en contra del recorte en redes sociales, con mensajes que piden no poner a la educación como un privilegio, sino como un derecho. A través de esos canales, el Frente en Defensa de la Educación Pública convocó para mañana martes 5 de mayo del 2020, a un plantón en la pileta de la UCE para decir no al recorte presupuestario.
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